La futura Ley que garantizará en Andalucía el derecho a la muerte digna arranca motores esta semana. El miércoles 25 la Comisión de Ética e Investigación Sanitaria de la Junta comenzará el debate sobre esta norma que potenciará la atención de enfermos terminales a domicilio y permitirá a un paciente rechazar tratamientos artificiales para prolongar la vida.
La consejera aseguró que la Junta pretende que la ley, explicitada en el Estatuto de Autonomía, aclare "conceptos que se confunden y son radicalmente distintos" como eutanasia, suicidio asistido, retirada de tratamientos artificiales o limitación del esfuerzo terapéutico. Precisamente, la primera parte de la ley, sobre la que trabaja la Comisión de Ética, definirá aquellos conceptos relacionados "con la dignidad en el proceso de la muerte".
La consejera matizó que este texto no regulará la eutanasia (acto para provocar la muerte) ni el suicidio asistido (ayuda a la muerte de una persona, como ocurrió con el tetrapléjico Ramón Sampedro) pues son figuras tipificadas en el Código Penal sobre las que no puede legislar un gobierno autonómico.
Lo que sí regulará será el "abanico de posibilidades" clínicas que garanticen una muerte digna, como la limitación del esfuerzo terapéutico, que permite a un paciente no recibir tratamientos artificiales para seguir con vida, o el rechazo al tratamiento, que le faculta a desconectarse de sistemas artificiales como ocurrió con la enferma granadina Inmaculada Echevarría, quien pidió ser desconectada del respirador artificial.
