La contaminación visual y el endurecimiento de las penas para delitos contra el patrimonio son algunos de los puntos fundamentales de la nueva Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, que fue aprobada ayer en el Parlamento en sustitución de la norma vigente desde 1991.
Con la abstención del PA y el apoyo del resto de las siglas políticas, el Parlamento aprobó la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, que sustituye a la norma vigente desde 1991 y simplifica las actuales medidas de protección de los bienes catalogados. La norma recoge actuaciones contra la "contaminación visual" de los monumentos y establece sanciones de hasta un millón de euros para los delitos contra el patrimonio, que se deberán fijarse en un reglamento posterior, así como una sanción "moral" en caso de demoliciones no autorizadas de bienes, que deberán ser restituidos.
La ley obliga a que sea la Junta la única que pueda autorizar elementos como antenas, rótulos publicitarios, equipos de mobiliario urbano o instalaciones de energía y telecomunicaciones, en edificios catalogados y fija un plazo de tres años (disposición transitoria segunda) para ejecutar un plan de descontaminación visual que retire estos elementos de todos lo bienes catalogados.
Asimismo, el texto unifica las regulaciones estatal y autonómica sobre la materia y adecúa sus disposiciones a la legislación urbanística y medioambiental aprobada en los últimos años, al tiempo que integra en un único catálogo tanto las dos figuras de protección estatales (Bienes de Interés Cultural y Bienes Muebles) como las dos autonómicas (Bienes de Catalogación Genérica y Bienes de Catalogación Específica).
La consejera de Cultura, Rosa Torres, que subió a la tribuna antes de la votación, ha agradecido el consenso "de buena parte del texto final" entre los grupos parlamentarios, algunas de cuyas enmiendas que mantenían vivas y fueron aceptadas ayer, ya que ello ha servido para que la ley sea "aún más rica, más ágil, más moderna y más buena" para el patrimonio andaluz.
