La Ley de Transparencia abre la puerta al primer acuerdo entre Gobierno y PP

La norma, que garantiza toda la información sobre la administración en 20 días, entró ayer en el Parlamento con la promesa de todas los partidos de trabajar para que salga por consenso.

15618548 La Ley de Transparencia es la primera de las normas que ha llegado al Parlamento de Andalucía de las 28 que se incluyeron en el pacto de Gobierno entre PSOE e IU y que si la legislatura llega a su fin tendrán que haber sido aprobadas en tan sólo dos años. Por ello, tal y como demanda la federación de izquierdas, hay que apretar el acelerador y «meter la quinta» para cumplir el compromiso al que se llegó con los ciudadanos. Esta ley, en principio, ha entrado con buen pie, puesto que todas la formaciones afirmaron ayer con vehemencia en el Parlamento que están abiertas al diálogo para que la ley se apruebe con el mayor consenso posible. Como es obvio por parte de los miembros del equipo de gobierno no hay ningún problema, pero parece que por parte de la oposición, el PP, también se quiere hacer un esfuerzo para que la norma salga adelante con el apoyo de todas las fuerzas políticas en el Parlamento. «Dialogando de verdad», remarcó el parlamentario popular Rafael Salas. De conseguir este objetivo, sería la primera vez en la legislatura en que el Gobierno andaluz y el PP sacarían una ley de consenso, que bien es cierto tiene muchas coincidencias con la que aprobó recientemente el Gobierno de la nación. Asimismo, de lograr este objetivo se daría un paso adelante para cambiar la imagen que tienen los ciudadanos de los políticos y poder así frenar la desafección que hay de la política. Un asunto que preocupa y mucho a todos los grupos políticos, según indicaron ayer. No obstante, a pesar de que se quiere lograr un pacto, la portavoz del PSOE, Verónica Pérez, mantuvo un discurso bastante hosco haciendo sólo referencia a los casos de corrupción que salpican al PP y sin mencionar los que afectan directamente al PSOE, de lo que sólo hizo referencia a casos «bochornosos». Por ello indicó que los políticos tienen que dar ejemplo y para ello solicitó que se tiene que alcanzar una ley de máximos «fruto de la participación activa» de los ciudadanos. El popular Salas inició su discurso también de forma ruda al denunciar que si la Ley de Transparencia, que ya estaba consensuada, no ha salido antes adelante ha sido porque la presidenta, Susana Díaz, «la boicoteó» al filtrar el texto. Asimismo, remarcó que el proyecto de ley que se debatió ayer en el Parlamento es «casi un clon» de la española. Aunque echó en falta que en la andaluza no se incluya las prácticas del buen Gobierno, es decir, establecer obligaciones a los representantes públicos, «que es por donde irán nuestras enmiendas». Salas aprovechó esta circunstancia para acusar a Díaz de la falta de transparencia por no haber exigido responsabilidad en los casos de corrupción como el de los ERE, los fondos de formación o Invercaria, pero a pesar de los reproches tendió la mano, siguendo la línea del nuevo líder popular andaluz, Juan Manuel Moreno, para que se hagan las cosas bien, «sin demagogias y teniendo sentido de Estado». El portavoz de IU, José Antonio Castro, por su parte, remarcó que es necesario aprobar una ley de transparencia «para mejorar el control de los poderes públicos» y se preguntó si con una norma como la que se va a tramitar ahora casos como los de los ERE hubieran sido posible. Aseguró con rotundidad que estos casos de corrupción no hubieran prosperado porque bajo su punto de vista «la transparencia protege de cualquier abuso de poder». Al igual que sus compañeros dijo que «IU trabaja con el espíritu del consenso, desde el convencimiento de que todo es mejorable», por lo que pidió hacer el trabajo lo más consensuado posible. El encargado de avanzar en qué consiste esta ley de transparencia fue el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, quien aseguró que esta ley está a la altura de lo que demandan los ciudadanos que les da «más control» sobre el dinero y los recursos públicos. Esta ley, entre otras cuestiones, prevé que cualquier ciudadano podrá dirigirse a la Junta, Ayuntamientos, diputaciones o cualquier entidad privada que reciba dinero públicos, para reclamarle información puntual y detallada, que se tendrá que facilitar en un plazo máximo de 20 días. Si no sucede, se incluyen sanciones que pueden llegar hasta los 400.000 euros o el cese o inhabilitación en el cargo por tres años.

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