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La ley de transparencia revisará las cesantías de los altos cargos

La Junta abrirá de nuevo ese debate a petición de IU, socios en el Gobierno

el 11 dic 2012 / 19:38 h.

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La consejera de Fomento y el portavoz del Gobierno.

El Gobierno andaluz revisará las cesantías actualmente establecidas para sus altos cargos en la futura ley de transparencia que se ha comprometido a llevar al Parlamento andaluz en el primer semestre de 2013. Ésta será una de las primeras normas del paquete de leyes comprometido entre PSOE e IU en su acuerdo de Gobierno. Izquierda Unida reclama que se revisen las cesantías y, sobre todo, se dote de la máxima transparencia las asignaciones que siguen cobrando altos cargos de la administración y de sus empresas públicas. En estos momentos, el Gobierno andaluz no refleja esa información en sus Presupuestos ni mediante ningún otro medio público apelando a la ley de protección de datos. La consejera de Fomento, Elena Cortés, que ayer debutó en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, ya ha actuado en su departamento y mantiene una batalla legal con altos cargos de la Empresa Pública de Suelo, a los que denunció por las jugosas indemnizaciones que se habían fijado al ser cesados.


En 2005 el Parlamento andaluz aprobó un paquete legislativo, llamado de impulso democrático, que contó con el apoyo de PSOE e IU. Se modificaron cinco leyes para imponer la paridad en las listas electorales, obligar a que se publiquen los bienes y sueldos de los políticos en internet y se regularon cesantías para los expresidentes, altos cargos y diputados andaluces. En este paquete legal se fijó además un riguroso régimen de incompatibilidades que, por ejemplo, impide a un alto cargo retornar en dos años a una actividad privada relacionada con su ocupación pública. En el caso de las cesantías se fijó el derecho a cobrar un mes de salario por cada año trabajado, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce. También se fijaron pensiones para los expresidentes de la Junta que, en la actualidad, ninguno cobra.


El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, recordó ayer que estas cesantías se fijaron porque los altos cargos y diputados no tienen derecho a cobrar la prestación por desempleo. Además defendió que el andaluz es uno de los regímenes de incompatibilidades "más estricto y severo". Sobre por qué la Junta se niega sistemáticamente a ofrecer datos de cuántos altos cargos están actualmente cobrando una cesantía, Vázquez aludió a la ley de protección de datos. El Gobierno andaluz elude, por ejemplo, especificar la partida presupuestaria que destina anualmente a este capítulo. En el caso de las empreass públicas, el mutis es total. El Parlamento sí que hace públicos sus datos mediante un informe del letrado mayor de la Cámara en cada legislatura.


El portavoz de IU, José Antonio Castro, aseguró ayer que "no entiende" por qué no se facilita esta información y aseguró que su partido aboga porque los altos cargos coticen y cobren el paro como el resto de los trabajadores. "Así se acabaría este debate", añadió el portavoz parlamentario de IU, quien aseguró que su partido ha dejado sentado su posicionamiento con la supresión de las indemnizaciones de la Empresa Pública de Suelo.


Desde la Consejería de Presidencia indicaron que las cesantías es uno de los aspectos que se está discutiendo dentro de la futura ley de transparencia, para la que se ha constituido un grupo de trabajo. No hay ningún avance, de momento, subrayaron. Los socios de IU advierten de que solo admitirá una ley de máximos.

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