La ley andaluza que regulará el derecho a una vivienda no legislará sobre el futuro de las 550.000 viviendas vacías, en torno al 16% del parque inmobilario, que se calculan que existen en la comunidad. Desde Obras Públicas descartan que vayan a seguir los pasos de Cataluña.
El anteproyecto de ley de vivienda ya ha pasado por el Consejo de Gobierno y el PSOE ha prometido que, si gana las elecciones el 9 de marzo, la llevará al Parlamento antes del verano para que esté aprobada en 2008. El Gobierno tiene claro que la norma no entrará en el polémico campo de las viviendas vacías. "Lo evita en lo posible", aseguró un portavoz de Obras Públicas. El Ejecutivo andaluz interpreta que "en la Constitución el derecho a la propiedad prima en la vivienda sobre cualquier otro".
Se calcula que alrededor de 800.000 jóvenes entre 20 y 34 años tienen dificultades para acceder a su primer piso en Andalucía. Frente a este dato son muchas, alrededor de medio millón, las viviendas vacías que existen en una comunidad donde abundan las segundas residencias. La estimación que hace el Gobierno es que son realmente unas 100.000 las casas no habitadas y que podrían salir al mercado del alquiler. El enfriamiento del mercado inmobiliario abre además otro interrogante: ¿Qué ocurrirá con las viviendas construidas que ahora tienen muchas más dificultades para venderse? ¿Se puede generar una nueva bolsa de viviendas vacías? A esto se han aferrado los empresarios para justificar la necesidad de que el Pacto por la Vivienda sellado en Andalucía introduzca la figura de la vivienda tasada, con un precio a caballo entre la VPO y la de precio libre.
El futuro de las viviendas vacías suscitó en su día un profundo debate en las filas socialistas. Fue en enero de 2007, durante una cita sobre urbanismo que el PSOE celebró en Marbella, cuando se manifestaron varias posturas sobre este asunto. La mayoría se manifestó en contra de la expropiación y ni siquiera de imponer un canon diario (Cataluña y el País Vasco barajaron una horquilla de entre 9 y 12 euros) que gravara estas casas. Al final la tesis triunfadora fue que no hay que penalizar a los propietarios de estas viviendas vacías sino bonificar, con ventajas fiscales, a quienes las saquen al mercado. "Ahora mismo la ley no introduce esos incentivos económicos para alquilar viviendas pero puede que un futuro sí lo haga. No es descabellado", aseguran fuentes del Ejecutivo andaluz.
La clave oficial es que existe una dificultad objetiva para definir qué pisos serían susceptibles de ser penalizados. Si se excluyen las segundas residencias la bolsa decae notablemente. Si una casa se queda sin habitar por un cambio de destino en el trabajo o por razones de salud o familiares ¿también se penaliza?, se preguntan. La subjetividad que, según corroboró también el PSOE andaluz, conllevaría el decidir cuáles viviendas se gravan y cuáles no, descartó totalmente la medida.
Y mientras que Andalucía afronta con tanta prudencia este asunto, en Cataluña la Generalitat se aferra a una norma andaluza, en concreto a la Ley de Reforma Agraria de 1984, para justificar la expropiación de las viviendas vacías.
A pesar de que el Consejo Consultivo ha advertido al Ejecutivo catalán (integrado por PSC, ERC e ICV-EUiA) que podría ser inconstitucional, la ley de vivienda catalana, que se aprobó esta semana en el Parlamento, mantiene el artículo del alquiler forzoso. Recoge la figura de la "expropiación del usufructo". En "áreas de demanda residencial fuerte y acreditada" se pueden expropiar estos pisos y que la administración los dedique al alquiler. El Consejo Consultivo advierte de que esta fórmula vulneraría el principio de igualdad por su discrecionalidad. Serían los ayuntamientos, advierte el órgano, los que en última instancia determinarían dónde expropiar y se vulneraría el principio de igualdad entre los propietarios.
