M. Ureta / I. Carretero
La gran demanda de vivienda protegida está en las grandes ciudades. El Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) calculó las necesidades para los próximos diez años. La Junta ya enviado a los ayuntamientos un borrador de la Ley del Derecho a la Vivienda. ¿Facilitará que se construya toda la VPO que se necesita? No todos lo tienen claro.
Sobre las previsiones del IESA se edificó el Pacto por la VPO sellado en diciembre pasado entre Junta, ayuntamientos y entidades financieras y, ahora, el anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda, que está en trámite de audiencia en los municipios. Las capitales se encuentran con una serie de obligaciones que serán imposibles de cumplir si antes no superan una asignatura pendiente: adaptar sus PGOU a la normativa autonómica, que lleva cinco años en vigor sin que la mayoría de los ayuntamientos la hayan acatado. Esa Ley de 2003 obliga a que un 30% del suelo urbanizable sea para VPO. De las capitales, sólo Sevilla ha culminado con éxito este proceso. No todas las corporaciones locales han recibido con la misma actitud la norma elaborada por la Consejería que dirige Juan Espadas.
325.000 VPO para Málaga. El IESA estimó que en Málaga se necesitan 20.885 VPO. Francisco Carmona, gerente del Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga, dice que si la Junta da el visto bueno al PGOU que el Ayuntamiento tiene sobre la mesa, habrá suelo para 25.000 viviendas. Ese plan es, en estos momentos, motivo de confrontación entre ambas administraciones.
Entre 2003 y 2007, el Consistorio del PP entregó 1.580 y ahora tiene en construcción 1.989 y 1.404 con un proyecto básico. "Nunca antes se había hecho algo así en Málaga", sostiene Carmona que, sin embargo, no ve que la Ley que impulsa la Junta sea la panacea. "Es una ley voluntariosa, pero una cosa es el derecho a la vivienda y otra la realización del mismo". Carmona lamenta el carácter "intervencionista" de la norma: "Obliga a que los planes municipales sean aprobados por la Junta y la labor tutelar sobre los ayuntamientos pequeños está bien, pero no para uno de la categoría del de Málaga".
Desproteger suelo. Granada y Almería están en una situación similar. Sus planeamientos no cumplen con las previsiones de la Ley urbanística de 2003 y están acometiendo revisiones parciales que, como son a destiempo, sólo están permitidas para poder construir VPO. Son más rápidas que una revisión total del plan, que alargaría el proceso.
En Granada capital, el principal problema para alcanzar las previsiones del IESA -8.685 VPO- es la falta de suelo urbanizable, según la responsable de Urbanismo y Vivienda, Isabel Nieto (PP). Ofrece una única vía: "Desproteger bolsas de suelo que tienen algún tipo de protección medioambiental". "Si no se hace esta excepción, Granada no podrá seguir creciendo", advirtió. El futuro plan general contempla construir 7.959 VPO en la próxima década. ¿Servirá la ley para ir más allá? Para la concejal, la norma es "una preciosa declaración de intenciones que va a ser imposible llevar a cabo".
Almería tampoco tiene suelo suficiente para hacer realidad las estimaciones del IESA -7.096 VPO- con el PGOU en vigor, de 1998. El concejal de Urbanismo, Juan Megino (del GIAL, que gobierna con el PP), cree que la ley de vivienda es "innecesaria e inoportuna" porque, a su juicio, "va en la línea de un excesivo intervencionismo de la Junta". Está convencido de que "no alcanzará los objetivos marcados" y criticó que la norma "eche el muerto a los ayuntamientos, en vez de darles facilidades para crecer".
Previsiones asumibles. Los responsables municipales de vivienda de Córdoba y Jaén reciben con optimismo la ley, pero admiten que su desarrollo "no va a ser fácil". En Córdoba -gobernada por IU y PSOE- ya piensan en clave del plan municipal para conocer la demanda de VPO. La delegada de Vimcorsa (empresa de vivienda), Victoria Fernández, opinó que no es "imposible" adaptarse a la norma en dos años, pero tampoco sencillo, por los problemas de financiación. Mientras, el concejal de Urbanismo de Jaén, Manuel López (PSOE), aseguró que cumplirán con los números del IESA -que prevé 4.191 VPO- porque ya tienen reservado suelo para 6.500. La ley, dijo, "evitará que cada ayuntamiento haga lo que le dé la gana". Optimista es también el edil de Vivienda y Rehabilitación de Huelva, José Luis Barragán (PP). "Este es el momento idóneo para colaborar. La ley es el marco legal, pero no puede quedar en papel mojado. Suelo tenemos, pero hay que hacer que sea rentable para el promotor construir VPO", añadió.
Sevilla como ejemplo. La única capital que tiene los deberes hechos en esta materia es Sevilla. Juan Carlos León, gerente de Emvisesa, asegura que la ciudad parte de la "ventaja" de haber adaptado su PGOU a tiempo. El plan municipal de vivienda que la nueva ley obligará a aprobar a todos los ayuntamientos está en marcha ya en la capital después de que en el anterior (2003-2007) se "agotase todo el suelo público y se construyesen 15.000 VPO". Para el nuevo plan se están estudiando las necesidades reales de vivienda, que el IESA cifró en 25.505 pisos.
