El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, afirmó ayer en Palma que la ley española del aborto "ha funcionado bien durante más de veinte años" y, si últimamente ha generado polémica, se debe a la proximidad de las elecciones generales del 9 de marzo.
Con ocasión de su visita hoy y ayer a Mallorca, Soria se ha referido esta mañana al debate generado sobre el aborto y ha defendido que el PSOE, en su más de cien años de historia como partido, siempre ha estado del lado del "progreso, la innovación y la apuesta por los ciudadanos".
Tras referirse al posicionamiento "muy agresivo" de algunos sectores sociales como la jerarquía eclesiástica sobre esta cuestión, el ministro ha defendido que el Gobierno debe "exigir" a sus ciudadanos el cumplimiento de la ley, pero también "respetar" el derecho a la confidencialidad e intimidad de las mujeres en una "situación especialmente dolorosa" desde el punto de vista "moral" como es la interrupción voluntaria del embarazo.
En este contexto, el Gobierno trabaja en la elaboración de un decreto que garantice la confidencialidad de los pacientes, la seguridad de la prestación y la seguridad jurídica de los profesionales sanitarios.
La sociedad española es una "sociedad moderna y está preparada para cualquier debate", ha opinado Soria sobre la posibilidad de que se reforme la Ley del Aborto o "la que haga falta".
A preguntas de los periodistas, Soria también se ha pronunciado sobre el caso del hospital Severo Ochoa de Leganés y ha defendido la dignidad y profesionalidad de los médicos del centro.
En este contexto, ha pedido que se disculpen los responsables del PP que tuvieron la "actitud insistente y repetitiva de realizar acusaciones muy graves" contra los médicos.
Soria ha destacado la apuesta del Gobierno, y de las comunidades autónomas, en favor de la aplicación de una Estrategia de Cuidados Paliativos que pretende que cualquier ciudadano, en cualquier lugar de España, reciba tratamiento hospitalario y domiciliario, especialmente en la fase última de su vida, con protocolos avalados por las sociedades científicas.
La estrategia, que cuenta con una financiación de 25 millones, fija en todo el Estado unos criterios comunes y homogéneos de atención continuada a estos pacientes, así como de apoyo a sus familias.
