La Consejería de Agricultura lo ve claro. Si el sector del olivar andaluz quiere acabar con el mal endémico de los bajos precios en origen del aceite y poner fin al "problema estructural" que supone su déficit en la comercialización tiene que ir a "fusiones e integraciones" y olvidar "localismos". Lo expresó con mucha claridad ayer la consejera del ramo, Clara Aguilera, justo después de que el Consejo de Gobierno diera luz verde al proyecto de ley del olivar de Andalucía. Es la primera norma europea dedicada a un cultivo y nace con la oposición de la patronal Asaja y el apoyo de organizaciones como UPA.
Aguilera defendió que la ley nace con la vocación de "consolidar el liderazgo mundial" del olivar andaluz y para ello dijo que hay que acabar con cuellos de botella como el de la comercialización. "Hay 800 operadoras en Andalucía que venden aceite y cuatro o cinco que lo compran. Hay una debilidad, un desequilibrio claro", alegó. Uno de los retos de esta ley es lograr un crecimiento importante de las exportaciones, pero para competir en el mercado de Francia o el de Estados Unidos -sostuvo la consejera- hay que "romper liderazgos locales que sólo pueden servir para mejorar el ego personal de un pueblo u otro" y ganar dimensión empresarial. El último ejemplo: el intento fallido de las cooperativas aceiteras por entrar en SOS. "Hace falta fortaleza empresarial", indicó.
La ley, un compromiso electoral del PSOE, se articula bajo dos premisas: la sostenibilidad y la competitividad del sector. En su articulado se regulan las ayudas agrarias, se fijan primas para el olivar tradicional y aquel que tenga "desventajas naturales" y se cuida la producción ecológica. Además se propone una "reestructuración" del olivar: se apuesta por el regadío -siempre con los límites que imponga la Ley del Agua- y por mejorar la recolección, destinando ayudas públicas a la mecanización, por ejemplo, de la recogida de la aceituna manzanilla, más complicada por su menor tamaño.
El Gobierno se da un año para aprobar un Plan Director del Olivar, que delimitará territorios y caracterizará las explotaciones. Será un diagnóstico del sector. En nueve meses se creará el Consejo Andaluz del Olivar, órgano asesor de 20 miembros, con representantes de la administración, el sector y especialistas de prestigio.
La ley se desarrollará mediante "contratos territoriales", compromisos público-privados que se firmarán con una zona, una comarca por ejemplo, o con propietarios particulares.
En el primer caso, la Junta firmará potenciar, entre otras, actividades turísticas compatibles con el olivar. En el segundo, se rubrica un compromiso entre la Consejería de Agricultura y una explotación para una acción concreta como modernizar el regadío.Acerca de las ayudas públicas, la consejera admitió que la ley no cuenta con memoria económica porque el grueso de incentivos públicos al olivar proceden de la Unión Europea y justo en este momento se está negociando la Política Agraria Común (PAC).
"Lucharemos para que el apoyo de la UE sea suficiente", reivindicó Aguilera, que defendió que "el gobierno regional tiene que decir mucho en el reparto final".
El Gobierno ha reformado la ley tras la advertencia del Consejo Consultivo, que habló de un "importante nivel de indeterminación" y de preceptos "vacíos de contenido".
Asaja expresó su rechazo a la ley, y si no cambia en el Parlamento, pedirá al Defensor y a los grupos parlamentarios que recurran al Tribunal Constitucional. Asaja insiste en que es un "bla, bla, bla innecesario (porque nadie lo ha reclamado), inútil (no aporta nada nuevo), vacío de contenido (lo deja a la redacción posterior de un Plan Director) y carente de sentido, que tan sólo ha contribuido a marear la perdiz".
La Junta destapará marcas fraudulentas cuando sancione
Las sanciones para las empresas que hayan cometido fraude en el etiquetado del aceite no llegarán hasta dentro de cinco o seis meses, confirmó Salud, y hasta entonces la administración no desvelará nombres. La consejera de Agricultura intentó dejar claro que "no se puede hablar de un fraude generalizado en ningún caso" y que la inspección que ha arrojado fallos en el etiquetado de 24 lotes responde a un análisis en puntos de venta pero no de la calidad del aceite andaluz. Estas marcas tienen "origen en diferentes puntos del país" e incumplen "los criterios de calidad, ya que contienen un aceite de oliva de calidad inferior al que aparece en el etiquetado".
