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La ley frente a la tierra

Tres parejas de guardias civiles, una decena de abogados, técnicos y operarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y medio centenar de agricultores y amigos, se dieron cita el miércoles en la finca Juliana para ver in situ cómo clausuraban el segundo pozo ilegal de este entorno del Aljarafe. Foto: José Manuel Cabello.

el 15 sep 2009 / 17:35 h.

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Tres parejas de guardias civiles, una decena de abogados, técnicos y operarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y medio centenar de agricultores y amigos, se dieron cita el miércoles en la finca Juliana para ver in situ cómo clausuraban el segundo pozo ilegal de este entorno del Aljarafe.

Sólo queda ahora traer el agua en cubas para dar de beber a los trabajadores de la finca y a los animales: burros, ovejas, gallinas, patos, caballos... un núcleo zoológico inscrito en el registro de la Consejería de Agricultura desde noviembre de 2005. Para que no les falte el agua, la propietaria de la finca, Ana Lora, repetía una y otra vez, incluso antes de entrar, a los responsables de la CHG que le permitieran dejar una "bombita de un caballo" en el pozo ilegal. "Y yo quito la grande de riego, pero que me dejen ésa", decía.

Las dificultades comenzaron desde la cancela porque el abogado de la propiedad, Juan Manuel Díaz, consideraba que la orden que traían era para entrar en la finca, no en la parte edificada donde, bajo el suelo donde comen varias gallinas y un pavo, se encontraba el pozo ilegal. Sin embargo, la abogada de la confederación insistió en decir que incluía el domicilio. Y hasta allí, a través de un camino entre olivares, entraron todos los que hasta entonces intentaban evitar el cierre desde la misma puerta.

Silencio . La del miércoles era la segunda de las cuatro clausuras de pozos ilegales previstas en el entorno de Cuatrovitas-La Juliana. El anterior propietario afectado, Antonio Calero, se quejaba: "No nos han escuchado, no tenemos derecho a defendernos".

Mientras la afectada de ayer y su hija, Pepi Moreno, insistían en que se dejara el motorcito para que bebieran los animales, los representantes de la CHG les recordaban que lo debían solucionar con la confederación, y que presentaran alegaciones. "Tantas leyes para el que trabaja y yo tengo 63 años y trabajando mucho", gritó ella ante lo inevitable.

Justo antes de sacar con un tractor y un cable de acero la bomba de riego, las propietarias presentaron papeles en los que se indica que desde 1985 la finca cuenta con riego por goteo para los olivares y que desde 2005 tiene reconocido el núcleo zoológico. "Los papeles valen, pero dicen que ya es tarde", comentó. No hay más que hablar. La ley se acata y sacan la bomba, hecho que no ocurrió la vez anterior en la que se cubrió el pozo ilegal con escombros triturados.

Poco tiempo después, hasta la misma puerta del gallinero llegó el camión de la confederación. Dada la imposibilidad de volcarlo directamente al depósito por su situación dentro de una pequeña nave -"a palás se puede tapar el pozo y no hay que tocar las paredes y derribarlas", insistía el abogado- se hizo así.

Sin embargo, las cosas no quedaron así. Mientras que Juan Manuel Díaz y Pepi Moreno iban a la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Sanlúcar la Mayor para presentar los papeles, los representantes de la CHG se habían marchado y no se habían "levantado acta" de sus quejas. Por esta razón, dejó claro: "Vamos a levantar acta de nuestra parte para llevarla a la Subdelegación del Gobierno".

El alcalde de Bollullos de la Mitación, Antonino Gallego (PP), pidió una reunión al presidente de la CHG, Francisco Tapia, porque entiende que "no se puede sobreexplotar el acuífero, pero no a costa de convertir en baldío unos terrenos dedicados históricamente a la agricultura".

La escena se repetirá los días 12 y 26 de noviembre, en las fincas de José Fernández y Román Salado. En total, la CHG lleva unos 60 pozos ilegales clausurados este año entre Sevilla (la mayoría) y Córdoba.

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