Fue su discurso más aplaudido en un Comité Director. El presidente de la Junta y secretario general del PSOE-A, José Antonio Griñán, empleó ayer veinte minutos en hacer una condena firme contra los corruptos de la política. El caso Bárcenas y la tibia respuesta que ha dado el Partido Popular después de que se denunciara que sus dirigentes han estado cobrando sobres en negro, con cantidades entre los 5.000 y 15.000 euros mensuales, brindó ayer en bandeja a Griñán la oportunidad de un discurso firme, contundente, evitando el marrullerismo pero duro y con propuestas.
"Tengo un patrimonio modesto, como el que podría tener cualquier profesional de mi nivel. Gano 3.670 euros netos al mes en 12 pagas. Mi patrimonio y bienes son de dominio público. Todo es transparente", defendió el presidente, que lleva 43 años en la vida pública. Desde 2005 en Andalucía todos los altos cargos deben presentar una declaración de bienes e intereses que está disponible en internet . En concreto, en la web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. También los diputados deben declarar sus ingresos. Griñán tiene una vivienda y un plan de pensiones al 50% y 14.000 euros en su cuenta bancaria. La Junta prepara una ley de transparencia, comprometida para el próximo periodo de sesiones, y que, según avanzó Griñán, da un paso más y obligará a los cargos públicos a justificar su patrimonio con sus ingresos.
El dirigente socialista se mostró convencido de la necesidad de que se supriman los sobresueldos para los políticos. Lo que en el PP llaman "gastos de representación" y que se abonan como complemento al salario que perciban por su cargo orgánico en el partido. "Es un fraude democrático en toda regla", advirtió Griñán, que ha sido el primero en defender directamente que se prohíban, "aunque sean en A y se declaren a Hacienda", apostilló. Consideró que puede que ya colisionan con la ley de incompatibilidades. Admitió también las dudas sobre la legislación vigente para la financiación de los partidos políticos y se preguntó por el origen de esos fondos que nutren los famosos sobresueldos y que provienen, en su mayoría, de donaciones anónimas de grandes empresas. Griñán urgió a aclarar todo esto "sobre todo ahora que se ha emprendido una senda imparable de privatización de servicios públicos".
Precisamente ese sobresueldo brindó al presidente de la Junta la pasada legislatura el único balón de oxígeno que tuvo frente a su entonces adversario político, Javier Arenas (PP). En una legislatura en la que el PSOE-A y el Gobierno andaluz estuvieron acorralados por el caso ERE, Griñán forzó a Arenas a publicar sus ingresos y se supo que el popular cobraba casi 8.000 euros brutos al mes. Su sueldo como senador engordaba de forma disparatada porque cobraba 95.674 euros anuales en "gastos de representación" como vicesecretario general del PP. Tras la polémica, el popular renunció a ese salario del partido.
Hace un año, en pleno estallido de los ERE , el presunto fraude tejido con fondos públicos de Empleo y que investiga un juzgado sevillano (hay 60 imputados, siete exaltos cargos), a Griñán no se le oyó un discurso tan firme y comprometido contra la corrupción. Es cierto. Pero también lo es que en su intervención ayer ante el PSOE-A, Griñán no eludió el caso ERE e incluso admitió lo que es un secreto a voces, los tirones internos y las crisis entre familias socialistas que motivó el hecho de que se abriera una investigación interna en la Junta para ver hasta dónde llegaba el fraude y que no dejó precisamente en buen lugar a muchos altos cargos, incluidos los exconsejeros de Empleo. "En todos los casos, en todos", subrayó Griñán, donde se detectan abusos de los fondos públicos "no puede funcionar la lealtad ni el patriotismo partidario". El socialista admitió el "daño" que ha hecho a la credibilidad del PSOE el caso ERE y aseguró que quienes abusan con fines personales de los fondos públicos "no solo son delincuentes en el Código Penal sino también con nuestro partido, porque han defraudado nuestra confianza".
El Parlamento andaluz también cerró en octubre una comisión de investigación por el caso ERE, con una amplia agenda de comparecientes, incluidos Griñán y el expresidente Chaves pero en la que no fue posible fijar responsabilidades políticas. IU, socios de Gobierno del PSOE, pidió censurar la actuación de los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández (imputado y fuera de la cárcel tras pagar su fianza) y José Antonio Viera, diputado nacional y no imputado. Hubo muchos tirones internos en el PSOE andaluz por esto. Ayer Griñán, que se siente más libre de manos que nunca para pilotar el partido, dejó claro que se acabó la condescendencia. "Todos debemos aprender a mirar la paja en el ojo propio y saber que la ceguera de los otros no justifica la nuestra", avisó. "Sé lo que nos pide el cuerpo", señaló Griñán, "en vez de eso, defendamos la política pese al PP".
