Cultura

La 'Ley Sinde' recibe hoy el visto bueno para viajar al Parlamento

el 19 mar 2010 / 10:21 h.

El Gobierno aprobará hoy viernes en Sevilla la Ley de Economía  Sostenible, tal y como anunció José Luis Rodríguez Zapatero, y una de sus principales propuestas, el bloqueo de webs con descargas  ilegales, está a la espera de conocer si finalmente queda modificada  tras los informes de diversas instituciones.

Según explicaron a 'Portaltic.es' fuentes del sector, el documento será aprobado previsiblemente "sin cambios", por lo que se mantendrá  la propuesta inicial de un sistema mixto en el que intervendrá una Comisión de Propiedad Intelectual y la Audiencia Nacional en el cierre de webs.

No obstante, la decisión del Consejo de Ministros también estará  supeditada a las conclusiones del informe del Consejo de Estado, último organismo que falta por pronunciarse respecto a la ley.    

El pasado 8 de enero, el Consejo de Ministros ya dio luz verde al  anteproyecto conocido como 'Ley Sinde', por lo que el siguiente paso era el de conocer la opinión de órganos consultivos como el Consejo  General del Poder Judicial o la Fiscalía General del Estado. A la  espera de la aprobación definitiva de la Ley, el texto podría haber registrado cambios en este periodo de dos meses en el que ha sido  estudiado.

El primero en pronunciarse fue el CGPJ, quien alertó sobre la  "importante carga adicional de trabajo" que supondría para los  juzgados afectados por el modelo elegido por el Gobierno para atajar las descargas ilegales en Internet.

A pesar de que el Consejo avalaba el modelo del Gobierno, precisó  en la Memoria del Análisis del Impacto Normativo que "no se valora el  efecto" que puede derivarse de la concentración en los juzgados de lo  contencioso-administrativo.  

"Aumentar los juzgados"

Sin embargo, esta afirmación fue rebatida el pasado martes por el  presidente de la Audiencia Nacional, Angel Juanes, quien en un desayuno informativo organizado por Europa Press minimizó el riesgo  de saturación de los juzgados ante la propuesta.

A su entender, la sobrecarga de los juzgados puede "venir por  otras causas" y en el caso de producirse sería "cuestión de aumentar  los juzgados de lo contencioso administrativo que ya soportan una carga de trabajo importante".

Por su parte, la Fiscalía General del Estado calificó de "dudoso" que la protección de la propiedad intelectual "deba ponerse a la  misma altura" que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por  la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información.

En su informe, criticaba que se haya situado la salvaguarda de los  derechos de propiedad intelectual "al mismo nivel" que la del orden  público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa  nacional, la salud pública, la dignidad de la persona y la protección  de la juventud y de la infancia.

Plazo máximo de cuatro días

El anteproyecto de ley que recibió el visto bueno del Consejo de  Ministros contemplaba que fuera la Sala de lo Contencioso  Administrativo de la Audiencia Nacional la encargada de decidir si se  cerraba una página web que infrinja los derechos de propiedad  intelectual.

Según la normativa prevista, el juez deberá decidir, mediante un  proceso "ágil, eficaz y con las máximas garantías" y en un plazo  máximo de cuatro días, si ordena el cierre preventivo o bloqueo de  una página web.

La Comisión de Propiedad Intelectual, un órgano administrativo de  nueva creación dependiente del Ministerio de Cultura, será la  encargada de investigar si se producen actos lesivos. Uno de los  asuntos pendientes que todavía no se ha hecho público es la  composición de la citada comisión

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