Escudarse en la libertad de cátedra, y blandir la de expresión -¿con qué limita?, ¿topa con el derecho al honor de quienes no pueden defenderse?, ¿lo traspasa?-, al transmitir a tus alumnos -algunos conscientes de la falsedad de tus provocaciones, pero otros no, y pienso por ejemplo en estudiantes Erasmus- teorías cuya falsedad se estira hasta la difamación, no tiene -por ilógico- precio. Sin embargo, responder por escrito -sabiduría popular: las palabras se las lleva el viento, ergo no se utilizan como prueba en un tribunal- a los insultos, sí: 1.800 euros de multa, 3.000 de indemnización. Ya conocerán la demanda y posterior condena por injurias graves con publicidad a Luis García Montero, que dio a conocer en un duro artículo las irracionalidades que otro profesor de la Universidad de Granada impartía en su asignatura. El demandante, ese otro profesor, dibujaba -dibuja: él se mantiene, inocente y vencedor, al frente de su asignatura- a Federico García Lorca y Francisco Ayala como representantes del fascismo, invertía minutos en vituperar a otros profesores, pervertía las connotaciones reales del término docente: no ilumina, manipula.
El poeta ha anunciado que solicitará una excedencia de su plaza, apartándose de la universidad sin fecha de regreso definida. Que un sabio como Luis García Montero se aparte de la docencia daña aún más a la ya maltrecha universidad, tan harta de currículums vacíos: que el otro profesor -ese que no habla de literatura y nombres propios clásicos, sino de política y apellidos a los que mancha- continúe en la institución, sin reproches ante su discurso, habla de actitudes y silencios.
Sin embargo, lo peor es que el debate no gira en torno al control que la universidad debe ejercer -o no- sobre qué se escucha en sus aulas, o hasta qué punto rifirrafes desarrollados en el plano intelectual deben saltar a un juzgado: lo más miserable es que las reacciones las guíen antipatías suscitadas por la envidia, y no argumentos. Y qué espero: ¿dónde vivimos?
