La Liga de Juristas Béticos y la asociación Por Nuestro Betis han apoyado así la retribución fijada por la juez para los tres administradores judiciales: Rafael Gordillo, José Antonio Bosch y Carlos Ruiz de Huidobro, en contra del criterio de la Fiscalía sevillana, que los ha impugnados por "desproporcionados" y "de dudosa legalidad".
La Liga de Juristas Béticos rechaza las acusaciones del abogado de Lopera de que los administradores se han dedicado en sus tres primeros meses a "actividades lúdicas o de promoción personal" y sostiene que su "encomiable labor" le costó la vida a uno de ellos, el abogado Juan Manuel Gómez Porrúa, que falleció el 1 de noviembre de 2009 "al no poder soportar su organismo la extraordinaria presión a que se vio sometido".
Los 12.000 euros mensuales para cada uno es una cantidad "ajustada y proporcional al trabajo realizado" por la "trascendencia económica" que está teniendo para el Betis.
El escrito apoya especialmente al ex futbolista Gordillo, actual presidente del Consejo de Administración, por "su capacidad de cohesión con los accionistas y socios del Real Betis, lo que provocará a medio plazo generación de recursos económicos".
Las tarifas fijadas "son ajustadas a lo que se devenga en cualificados despachos profesionales de abogados y economistas", dice esta asociación, mientras que Por Nuestro Betis añade que la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicable en este caso, fija entre las funciones del juez acordar la retribución de los administradores.
Las asociaciones opositoras a Lopera impugnan así el recurso del ex máximo accionista del Betis, quien ha pedido a la Audiencia provincial que anule ese sueldo por su cuantía y porque fue fijado "sin sujetarse a las más elementales normas de la contratación pública".
La Fiscalía fue mas allá y afirmó que dichos honorarios podrían dar lugar a una nulidad de actuaciones ya que deben ser pagados por el "menguado erario público" y la juez ha causado indefensión a la Administración pública, a la que no ha llamado para ser oída.
