Un trato igualitario. Eso fue lo que exigió ayer el Ayuntamiento de La Línea (Cádiz) al instar al portavoz de la Comisión de Fomento en el Congreso, Salvador de la Encina (PSOE), a que actúe ante el anuncio de la Diputación Foral de Guipúzcoa de cobrar un canon en la N-I para los vehículos pesados. El consistorio linense, gobernado por el PP, ha iniciado los trámites para implantar un polémico peaje a los coches que quieran acceder a Gibraltar, lo que ha sido duramente criticado por el PSOE, la Junta, y el Gobierno central, que ha enviado a la Abogacía del Estado para frenar las obras.
En un comunicado, el gobierno de La Línea arremetió contra De la Encina por "intentar frenar la futura tasa de congestión" ideada por el municipio. "Esperamos que De la Encina vaya a Guipúzcoa con el Abogado del Estado y sepa dar respuesta al anuncio de la Diputación Foral", añadió. El ayuntamiento considera que existe "un paralelismo evidente" entre el proyecto de Guipúzcoa y el peaje de La Línea "por cuanto se contempla gravar lo que es considerado el transporte transfronterizo". "La filiación política del responsable de infraestructuras de la Diputación Foral de Guipúzcoa (PNV) es con toda seguridad un condicionante para que allí no vaya De la Encina con todo su equipo y con el abogado del Estado para hacer lo mismo", denunció.
El ayuntamiento también ha respondido a las declaraciones realizadas el jueves por el presidente andaluz, José Antonio Griñán, en las que calificaba de "desastrosa" la gestión del consistorio linense. Recomendó a Griñán que antes de "hacerse el gallito en Madrid con unas declaraciones torticeras y parciales, conozca bien la realidad del desastre de otros ayuntamientos que su partido político gestiona".
También desde el PP, su líder regional, Javier Arenas, acusó a los presidentes socialistas, José Luis Rodríguez Zapatero y José Antonio Griñán, de estar "defendiendo los intereses de Gibraltar". Arenas dijo que con el peaje, el alcalde, Alejandro Sánchez, "está defendiendo los intereses de sus vecinos", y Zapatero y Griñán "los intereses de Gibraltar". El dirigente popular lamentó que "parece mentira" que en relación con este asunto los máximos dirigentes del PSOE en España y Andalucía "abandonen de esta forma a un regidor andaluz que está defendiendo los intereses de los vecinos de La Línea con todas sus consecuencias".
Por su parte, el consejero de Gobernación y Justicia, Luis Pizarro, consideró que la tasa "no va a resolver la situación económica" del consistorio, entre otras cuestiones "porque no la va a poder poner porque es ilegal". Pizarro recordó que La Línea tiene una deuda de 120 millones y se preguntó cuántos coches tendrían que pasar pagando cinco euros para resolver ese déficit.
Acuerdo judicial. Mientras sigue el cruce de acusaciones, el ayuntamiento y la Abogacía del Estado han alcanzado un acuerdo de satisfacción extrajudicial para zanjar la cuestión de las dos señales de prohibido el giro para entrar en Gibraltar puestas en La Línea. El juez había suspendido cautelarmente la instalación de las dos señales por parte del consistorio tras el recurso presentado el martes por el Estado. Aunque el ayuntamiento ha decidido retirar sus señales después de que el ministerio hiciera lo mismo, avisó de que la tasa de congestión "sigue adelante".
