A30 de junio había en Sevilla y su provincia 1.300 órdenes de alejamiento relacionadas con casos de violencia machista. Si no fuera por un mecanismo exhaustivo para baremar el riesgo de cada caso, Policía y Guardia Civil serían incapaces de atender la vigilancia de estas órdenes. La operación es sencilla: Sevilla sólo dispone de 1.500 agentes de estos dos cuerpos en cada turno de trabajo.
Y si cada una de las víctimas necesitara un guardaespaldas las 24 horas del día no quedarían apenas efectivos para dedicarse a otras labores. La fiscal jefe de la Audencia, María José Segarra, admite que últimamente, gracias a un nuevo sistema de evaluación del riesgo, las condiciones han mejorado. Para cada caso se establece una valoración del riesgo de la víctima, en función del cual se aplican las precauciones oportunas.
Desde llamarlas por teléfono cada cierto tiempo hasta asignarles un móvil gratis conectado permanentemente con el policía que sigue su caso, e incluso vigilar las 24 horas el entorno en el que la mujer y sus hijos se mueven. Todo ello persigue evitar agresiones y asesinatos que, lamentablemente, se están haciendo habituales.
Ayer mismo un joven mató a su novia de sólo 18 años en Salamanca. Las órdenes de alejamiento, la vigilancia, los medios técnicos y humanos cada vez más especializados y numerosos son la punta de lanza de esta lucha, pero ni un policía para cada mujer sería suficiente para ganar una batalla que ha de comenzar por la educación, por una formación cívica basada en el respeto y la tolerancia hacia los demás.
Quizás reprimir la violencia doméstica y proteger a las víctimas sea labor de la Justicia y las fuerzas de seguridad, pero evitar que se produzcan estos deleznables episodios debería estar encomendado a las familias y a las escuelas, cuyo objetivo más elemental no es otro que forjar nuevas generaciones de ciudadanos respetables.
