Carmen Fernández, la madre biológica de los menores Iván y Sara, ha fallecido víctima de un cáncer. Al final, no ha podido conocer cuál será el fallo final sobre la indemnización de 1,7 millones de euros que la Junta debe abonarle por la retirada irregular de sus hijos.
"Su ardua batalla de once años y medio tiene un fácil epílogo: luchó en absoluta inferioridad por sus hijos. Vivió pobre y sufrió muchísimo". Así resumía ayer el letrado de Carmen Fernández, Gabriel Velamazán, la larga lucha de esta mujer por recuperar a sus hijos, Iván y Sara, cuya custodia le fue retirada por la Junta de Andalucía en el año 1996, cuando los niños tenían cuatro y cinco años, por su alcoholismo, del que se recuperó con posterioridad.
Carmen falleció hace unos días en un centro de cuidados paliativos de Cercedilla, localidad de la sierra de Madrid situada a unos 60 kilómetros de la capital, como consecuencia del cáncer de pulmón, con metástasis cerebrales que sufría. La madre de Iván y Sara se había trasladado a Madrid, donde vivía con su hija -que decidió volver con ella- y su madre.
La muerte, tras más de once años de lucha judicial y diez sentencias a su favor, le ha llegado sin que haya podido conocer el resultado final de su larga pelea. La Audiencia Provincial de Sevilla dictaminó ante la imposibilidad de poder recuperar a sus hijos -Iván permanece con una familia adoptiva de Dos Hermanas- que la Junta de Andalucía debía indemnizarla con 1,7 millones de euros. Sin embargo, la administración andaluza recurrió el fallo al Tribunal Constitucional (TC) que, tras admitir a trámite el recurso, no se ha pronunciado aún al respecto.
Hasta el momento, Carmen sólo había podido contar con 72.670 euros de los 1,7 millones de euros, pese a que el pasado 27 de abril la Sección Segunda de la Audiencia ordenó en un auto la entrega inmediata de la indemnización hasta que el Constitucional resolviera.
Sin embargo, el TC ordenó al Juzgado de Familia 7, que fue el que en un principio avaló el desamparo de la Junta, que estableciera una serie de medidas para garantizar que en caso de que la sentencia fuera en contra de la madre, ésta pudiera devolver el dinero a la Junta. Fue entonces cuando el juez Francisco Serrano, titular del citado juzgado, dictaminó que sólo se le entregase los 72.670 euros, que es la única cuantía reconocida por sentencia firme.
Litigio con el juez. Pero el caso Iván y Sara no ha supuesto únicamente un enfrentamiento entre la madre biológica y la administración andaluza, sino que también enfrentó a dos órganos judiciales: el Juzgado de Familia 7 y la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla.
Tanto en este caso, como en otros también relativos a desamparos de menores, el juez Serrano dio la razón a la Junta de Andalucía, aunque la Audiencia no. Sin embargo, el TC ha dictaminado en dos ocasiones contra la decisión de la Audiencia, confirmando los argumentos del juez.
No obstante, el enfrentamiento fue patente cuando en la sentencia de la Audiencia que otorgaba la indemnización a Carmen Férnandez, la sala aseguraba que el cáncer era fruto del "largo y tortuoso calvario". Serrano solicitó entonces amparo al Consejo General del Poder Judicial ante lo que consideraba un trato que excedía "de la mera dialéctica de una resolución revocatoria".
De esta forma, la larga historia en los juzgados de Carmen y sus hijos queda ahora pendiente de la resolución del Constitucional, ya que en el caso de que resuelva a favor de ella, la indemnización, o mínimo un tercio, según fija la ley, será para sus hijos; no sólo para Iván y Sara, sino también para sus dos hermanos mayores, de los que también perdió la custodia.
