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La maestra de religión despedida cobrará diez años de salario

El juez obliga al Estado a pagarle y al colegio que la echó por casarse con un divorciado a readmitirla

el 07 may 2011 / 20:37 h.

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Resurreción Galera, la maestra despedida, junto a su marido. / efe

La sentencia del Tribunal Constitucional que dio amparo a la profesora de religión destituida por casarse con un divorciado se ha traducido en una fuerte indemnización económica para la afectada -diez años de salario- y una orden para que el colegio concertado que la expulsó vuelva a readmitirla.

El Juzgado de lo Social número 3 de Almería ha estimado íntegramente la demanda interpuesta por la profesora Resurrección Galera contra el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación y el Obispado de Almería después de haber sido despedida hace diez años debido "única y exclusivamente" a su matrimonio civil con un hombre divorciado. El juez ha declarado el despido nulo y ha condenado al Estado "a readmitir inmediatamente a la demandante en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad al despido y con abono de los salarios dejados de percibir" desde 2001.

Así lo señala el fallo de la sentencia, contra la que cabe interponer recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y que la propia afectada recibió "con mucha alegría". "Este fallo sienta jurisprudencia. Cualquier profesor puede reclamar ahora sus derechos", dijo.

La sentencia señala que el trato que se dispensó desde los organismos demandados fue "discriminatorio" al vulnerar el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, así como el derecho a la intimidad personal y familiar recogido en el artículo 18. El fallo afecta a los tres demandados puesto que el Obispado "era quien contrataba", el ministerio "daba de alta en la Seguridad Social y pagaba sus retribuciones" y la Consejería de Educación, "porque de ella dependía el colegio" donde se impartían las clases. "El Obispado proponía, el Ministerio contrataba y pagaba, y la actividad laboral se realiza en centros dependientes de la Consejería", dice. Pese a todo, el ministerio afirmó que acatará la sentencia y la Junta aseguró que "se ha hecho justicia".

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