Afortunadamente, la sociedad está empezando a tomar conciencia de que hay ciertas actitudes y comportamientos de impúdico incivismo que han de repercutir negativamente en quienes tienen por costumbre ponerlos en práctica asiduamente, con descarado desprecio a los principios de autoridad y respeto a los derechos de los demás. Los tribunales están siendo los que están transmitiendo ese mensaje, que especialmente ha de calar entre una juventud residual, pero numerosa, que vive en el falso convencimiento de que aquí todo vale y que lo que prevalece es la ley del más fuerte y más sinvergüenza.
La mala o nula educación, esa, que, por un lado, propicia el planteamiento utópico de que a los niños no se les puede corregir ni razonable o moderadamente, no vaya a ser que se traumaticen, y que, por otro, genera adolescentes que desconocen los límites y las mínimas pautas de disciplina y control que comporta vivir en comunidad, esa mala educación, al menos, ahora, se sabe que puede incidir en algo de lo que más duele a los responsables de sus actos: El bolsillo de sus progenitores. Con ese conocimiento que, además no entraña novedad, pues esa responsabilidad siempre ha existido, otra cosa es hacerla efectiva, al menos esos padres y madres de costumbres educativas relajadas, permisivas y a los que les importa un pimiento el daño que pueda provocar a terceros la agresividad, y carácter violento de sus criaturitas, pues ellos mismos carecen de valores de formación cívica y moral, estarán advertidos de que sus fechorías no quedarán impunes. Fenómeno de crucial trascendencia en supuestos de hijos de parejas separadas o divorciadas, en los que el riesgo de su asocialidad se multiplica, y en los que son las madres las que en exclusiva asumen esas tareas educativas, discriminando a los padres, quienes, eso sí, no son padres ni para lo bueno ni para lo malo en la vida de sus hijos.
