La Mancomunidad cierra con una deuda de 42 millones

La institución se disolverá el próximo 22 de abril de forma definitiva.La Junta se encargará de sellar el vertedero de El Cornejil que lleva año y medio sin funcionar

el 14 abr 2014 / 21:59 h.

15669893A finales de los 80 la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir se erigía como una administración en pro del impulso económico y social de once municipios de las provincias de Sevilla y Cádiz. Más de dos décadas después, las deudas han abocado al cierre de esta entidad. Será el próximo 22 de abril cuando se celebre la última asamblea de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, momento en el que se anunciará su disolución definitiva, después de que en junio del año pasado se decidiera que dicha liquidación fuese provisional. Tras acumular más de 40 millones de euros de deudas con Hacienda, la Seguridad Social, deber un sinfín de nóminas a los trabajadores de la institución o tener que hacer frente al agujero generado por los cursos de empleo, la institución ya «ha dejado de cumplir su objeto social», según la presidenta de la mancomunidad y alcaldesa de Lebrija, María José Fernández. Por ello, los representantes de los once municipios optan por «no seguir generando deuda», que más que favorecer el desarrollo de la comarca, se lo impide. En concreto, la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir adeuda más de 42.600.000 de euros, siendo Sanlúcar de Barrameda, Chipiona, Rota, Utrera y Lebrija los municipios a los que más montante de ésta les corresponde. Una deuda que corresponde en cerca de un 60 por ciento a los municipios gaditanos –Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Rota y Chipiona– y sobre un 40 por ciento a las localidades de Utrera, Lebrija, Los Molares, Los Palacios y Villafranca, El Coronil, Las Cabezas de San Juan y El Cuervo. Con la intención de poder hacer frente a este déficit, Fernández, que llegó a la presidencia de la mancomunidad cuando el agujero económico era más que notable, solicita a las administraciones superiores que articulen «un mecanismo económico-financiero para poder atender al pago de las nóminas y los proveedores en la mayor brevedad posible sin que suponga la ruina de los ayuntamientos». De ahí que la presidenta de la entidad reclame un mecanismo que establezca unas condiciones viables y unos tiempos de pagos coherentes. En este sentido, Fernández apuesta por que los ayuntamientos puedan cumplir con sus obligaciones en un plazo de 60 días. Además del dinero a deber, otro de los grandes problemas de esta entidad era el coste del sellado del vertedero El Cornejil. En febrero, representantes populares de los municipios de El Cuervo, Lebrija y Las Cabezas de San Juan solicitaban a la Junta de Andalucía el cierre de este recinto ya que afectaba a «la salubridad de la zona». Con el anuncio de la liquidación de la administración quedaba por despejar la incógnita sobre qué iba a ocurrir con los gastos de este recinto, que ascienden a 10 millones de euros. Sin embargo, gracias a un convenio firmado con la Junta de Andalucía, será la Administración autonómica la que se encargue de sellar este vertedero que lleva más de año y medio sin dar servicio y que todavía acumula residuos.

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