Siempre he sido partidario de la rehabilitación de la dignidad, el reconocimiento del sacrificio, que se pagó con una muerte injusta y anónima, de aquellos que, salvo por sus familiares, fueron relegados en el olvido por una versión oficial de la historia que tiende solo a reflejar y enardecer el martirio del bando vencedor de las contiendas bélicas. En la Guerra Civil, a estas alturas, y si de verdad queremos restañar viejas heridas, hemos de llegar a la conclusión de que entonces no hubo vencedores ni vencidos, quien perdió fue todo el pueblo español.
Es por ello que hace falta una revisión de esa memoria histórica contaminada, indagando y reclamando tener un cabal conocimiento de los postergados valedores de la legalidad republicana, que fueron vilmente sepultados en fosas comunes sin más salva de honor que el tiro de gracia. Hasta ahí, totalmente de acuerdo, e incluso a nivel personal participé rebuscando en archivos del Juzgado de Valverde del Camino, en donde aún se conservaban documentos relativos a juicios sumarios que acabaron en fusilamientos en las tapias de un cementerio.
Mas, sinceramente, ni como ciudadano ni como jurista alcanzo a comprender que ese legítimo objetivo se pretenda articular a través de un procedimiento penal, iniciado setenta años después de que acontecieran los hechos que ahora se pretenden enjuiciar. Está visto que en la Audiencia Nacional hay quienes están convencidos que su competencia jurisdiccional está incluso por encima de las fronteras del tiempo. Con todo, lo peor, es que en un juicio criminal, también el objetivo, no se ha de limitar al campo de la identificación de las víctimas, sino en la búsqueda de culpables, considerando un gravísimo error el entrar también en desenterrar viejos fantasmas del pasado, cuyos descendientes probablemente hayan crecido ignorantes al papel de verdugos de sus ancestros.
