La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, compareció ayer por la tarde en el Congreso para "compartir toda la información de la que dispone y que puede hacer pública el Gobierno" relativa al accidente de avión que se ha cobrado la vida de 154 personas. Lo hizo nueve días después del siniestro y en medio de una cascada de informaciones más o menos contrastadas sobre lo que pudo pasar para que el MD-82 de la compañía Spanair se cayera al suelo cuando intentaba despegar de la T-2 de Barajas. Tampoco aportó mucho más al respecto.
La investigación está bajo secreto de sumario y, por tanto, la volumnosa información que contiene no es susceptible de ser aportada en una sede parlamentaria. La intervención de Álvarez se centró en aspectos relativos a la seguridad aérea y consistió en la exposición de una retahíla de datos sobre las inspecciones y operaciones de mantenimiento que se llevan a cabo en los vuelos que operan en nuestro territorio. Así, incidió en que los 633 aviones comerciales con matrícula española pasaron en 2007 por 7.049 controles de seguridad. Y, en el caso de Spanair, en que fue objeto de 326 inspecciones entre el 1 de enero y el 20 de agosto de 2008. Cifras y más cifras para avalar que los aviones que operan en España "son tan seguros como los que tienen los países de la Unión". Hasta aquí todo lógico.
Lo que ya abre la espita de nuevas interpretaciones es lo que deslizó al decir que Spanair quiso cambiar el avión siniestrado minutos antes de la tragedia. Entre otras razones, porque no desveló cuál fue la razón por la que no lo hizo. De este modo, obligó a Spanair a responder de modo urgente recordando que es normal evaluar la posibilidad de cambiar de aparato cuando se produce alguna anomalía técnica y terminó por arrojar aún más dudas sobre lo ocurrido. Justo lo contrario de lo que pretendía, se supone, con su comparecencia en el Congreso.
