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La mitad de la multa por tirar a tiempo su casa ilegal

La Junta aprueba el próximo martes el reglamento de disciplina urbanística que permitirá los 'derribos exprés'.

el 11 mar 2010 / 20:39 h.

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Urbanización de Las Pitas, en el entorno de Medina Azahara (Córdoba).

El Consejo de Gobierno aprobará el próximo martes el reglamento de disciplina urbanística que permitirá a los ayuntamientos ordenar el derribo inmediato de viviendas manifiestamente ilegalizables sin necesidad de esperar a la sentencia de un juez. El documento, que el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, anunció hace un año en el Parlamento, además de reforzar las competencias de los consistorios, acorta los plazos para llevar a cabo las demoliciones exprés. "Será una norma divulgativa para que los ayuntamientos no digan que no tenían facultades para evitar que se construyera en suelo no urbanizable. Ya no cabrán excusas", aseguró el titular del ramo en una entrevista reciente a El Correo.


Desde que un alcalde inicie el expediente y se lo comunique al infractor, el consistorio tendrá un mes como fecha tope para dictar una resolución y, a partir de ahí, se dará un plazo máximo de dos meses para derribar la vivienda. Lo deseable es que no haya que agotar esos tiempos y que se puedan tirar las casas que está claro que nunca se podrían regularizar -como las construidas en un parque natural o en primerísima línea de playa- lo antes posible. Es más, una de las novedades del reglamento es que incentivará a los que cumplan religiosamente con las resoluciones sin intentar esquivarlas. Se reducirá un 50% la multa económica si el ciudadano ejecuta la demolición en el primer mes. Las sanciones muy graves que contempla la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) van desde los 6.000 hasta los 120.000 euros.


En los casos menos graves, se aplicará el procedimiento ordinario, cuya tramitación puede durar un año. Una vez que esté la resolución, si ésta acaba en derribo -es probable que no- habrá que ejecutarlo también en dos meses como mucho. Si el infractor cumple con el plazo, se ahorrará la mitad de la sanción y también se le descontará el 50% de la multa si la abona el primer mes o presenta un aval bancario por el importe de toda la obra. De cualquier forma, cabe la posibilidad de que se ejecute la demolición y el propietario la recurra en los tribunales y gane. Entonces será el juez el que obligue al ayuntamiento a dar una indemnización.


El objetivo final del reglamento es restaurar la realidad físicamente alterada por el ladrillo -tirar casas, repoblar vegetación, etc.- y hacerlo con soluciones rápidas. Hasta ahora, el tiempo de demora en los tribunales da una sensación de impunidad que aviva la proliferación de viviendas ilegales en una zona. Además, muchos ayuntamientos -que ejercen las principales competencias urbanísticas- han obviado el control del ladrillo bien por la falta de medios o bien porque mirar para otro lado aportaba grandes beneficios económicos.


El documento, de 100 artículos, aúna toda la legislación vigente y el desarrollo de la LOUA, que los alcaldes consideran inconcreto, para que los consistorios sepan cómo actuar en cada caso específico. El texto se ha enriquecido con las aportaciones de hasta 18 asociaciones públicas y privadas y, sobre todo, con las principales reivindicaciones de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), que es la que realmente debe aplicarlo.

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