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La mitad de las multas de tráfico las tramitan controladores de zona azul

El 45% de las multas de tráfico que se imponen en la ciudad parten de denuncias de controladores de zona azul y en uno de cada cinco casos hay recursos.

el 15 sep 2009 / 23:14 h.

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El 45% de las multas de tráfico que se imponen en la ciudad parten de denuncias de controladores de zona azul y en uno de cada cinco casos hay recursos. Son datos del Ayuntamiento que asegura que la mayor parte de los procesos se han ganado y que las reformas en la tramitación de sanciones han permitido reducir a un 13,28% el riesgo de prescripción.

Para el Gobierno local hay suficiente base legal para que los controladores de la zona azul asuman buena parte del peso de las denuncias de tráfico, tanto en lo correspondiente a las áreas de estacionamientos rotatorios como a otras irregularidades como la doble fila. No son agentes de la autoridad, pero sus expedientes son luego tramitados por los servicios municipales con un elevado nivel de éxito, según expusieron ayer la jefa del servicio de multas del Ayuntamiento, Victoria Guerle, y la letrada del Consistorio Pilar Olivia en el marco de las II Jornadas de Movilidad celebradas ayer.

Según los datos expuestos, en 2008 el 45% de las multas de tráfico las tramitaron los trabajadores de la empresa Aussa -participada en un 51% por la Administración local-, un índice que es levemente inferior al de 2007 aunque se mantiene en unos niveles similares desde hace años. Éste es el principal argumento esgrimido por los ciudadanos que llegan hasta la vía de lo contencioso-administrativo para recurrir una sanción. Se basan en que no tienen el mismo valor ni credibilidad que una denuncia de la Policía Local. Aunque los datos de Sevilla no son altos en comparación con otras capitales, casi dos de cada diez ciudadanos alega. Unos pocos llegan a los tribunales. En 2008 hubo sólo una treintena de recursos. En la mayor parte de los casos, el Consistorio asegura haber ganado.

En casi ocho de cada diez casos, el Ayuntamiento se ve obligado a notificar las infracciones y a iniciar procedimientos por vía ejecutiva ante el impago de las multas en el periodo voluntario. Apenas un 20% ejercen este deber por su propia cuenta. Esto ha provocado a lo largo de los últimos años un elevado índice de prescripciones -expedientes en los que se no dan pasos administrativos durante un periodo superior a los 4 años-.

La tendencia se ha modificado en los últimos meses. El Ayuntamiento elude que prescriban las sanciones -según señaló la jefa de multas con los nuevos mecanismos no se paralizan los expedientes- hasta el punto de que los índices se han rebajado sensiblemente. De un riesgo de prescripción del 87% registrado en 2006, el balance de 2008 rebaja esta cifra hasta el 13%. En los últimos meses se han llegado a requerir e incluso a notificar embargos de impagos pendientes de cobro desde los años 90, un plazo muy superior a los 4 años.

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