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La mitad de los pueblos contemplan despidos para pagar a proveedores

el 17 abr 2012 / 19:43 h.

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Una concentración reciente de los trabajadores municipales a las puertas del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.

La mitad de los pueblos de la provincia de Sevilla se verán obligados a despedir a personal de su plantilla municipal para afrontar las deudas que arrastran con sus proveedores, que rondarían los 300 millones de euros sin incluir a la capital, que por sí sola ya arrastra una deuda de 59 millones. Esa es la letra pequeña del plan que ha sacado a la luz un sondeo elaborado por la Diputación de Sevilla.

En esta encuesta, además, se pone de manifiesto que tres de cada cuatro ayuntamientos sevillanos se han visto obligados a subir las tasas o impuestos municipales para cumplir con lo acordado en el plan de ajuste, una medida de obligado cumplimiento para que los consistorios puedan percibir un crédito bancario que les permita ponerse al día de las facturas pendientes con fecha anterior al 31 de diciembre de 2011.

El sondeo en el que ha estado trabajando estas semanas la institución provincial ha encontrado respuesta en 66 de los 104 consistorios, mientras que el resto "o no pudieron contestar en ese momento o prefirieron no concretar sus medidas". El 80% de los ayuntamientos consultados se acogieron al plan de ajuste, mientras que el resto no lo han presentado porque han saldado sus deudas con proveedores antes del 31 de marzo, porque los alcaldes han optado por no presentar ningún plan al pleno o simplemente porque la oposición ha rechazado el plan de ajuste propuesto por el equipo de gobierno, como ocurrió en Coria del Río o Benacazón.

Pero, más que saber si se acogen o no al plan, el sondeo pone más el dedo en las medidas que van a aplicar los ayuntamientos para ajustar sus cuentas públicas para garantizar el pago del citado crédito. De esta manera, 36 de los 53 consistorios que se han acogido al plan de ajuste han tomado la decisión de recortar su plantilla, es decir, rebajar el dinero destinado al capítulo I. Eso se traduce, en cifras, en el 54% de los pueblos que han sido analizados. A pesar de contar con ese dato, la Diputación todavía no tiene contabilizados cuántos despidos se pueden producir con la aplicación del plan de ajuste, ya que la información facilitada por los consistorios sólo han concretado que estas medidas de control del gasto afectarán de manera directa al capítulo I, o lo que es lo mismo, a la plantilla de ese municipio.

También se recogen en el sondeo otra alternativas adoptadas para reducir el gasto por parte de los otros consistorios que no se acogieron a la modalidad de recortes en la plantilla municipal: cuatro municipios reducirán personal político o eventual, cinco rebajarán los gastos corrientes, otros dos han decidido rebajar sus inversiones, uno apuesta por las medidas que ya había implantado en años anteriores y otro no adoptará ninguna medida de recorte de gastos y se ceñirá exclusivamente a políticas de aumento de ingresos. Sobre esta otra posibilidad, el sondeo de la Diputación pone de manifiesto que el camino más recurrente para incrementar los ingresos, como exige el plan de ajuste, pasa por incrementar las tasas o impuestos municipales.

A esa fórmula recaudatoria se han acogido 47 de 53 consistorios que tienen aprobado su plan de ajuste, a la espera de ser ratificado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Los seis restantes se acogen "a otras vías alternativas", aunque esta encuesta no precisa cuáles son.temores anteriores. El resultado del sondeo viene a refrendar los peores temores del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que ya a finales del pasado mes de marzo señaló que, pese a considerar "una excelente idea" que los ayuntamientos se pongan al día en el pago a proveedores, también expresó que el modelo de pago -y posterior ajuste de las cuentas para la próxima década- "vislumbra la posibilidad de una fuerte subida de tasas locales y el recorte en gastos de personal".

Villalobos, que antes de este sondeo ya calificaba estos planes de ajuste como "una agresión a la autonomía local", ya avanzó en esas declaraciones que, de producirse tal extremo -el de la subida de impuestos y los despidos del personal municipal-, supondría una merma de los servicios. Fuentes de la Diputación también concretan que el 40% de la deuda que los consistorios sevillanos arrastran con los proveedores se concentran en una veintena de grandes empresas y "no en el pequeño comerciante".

Ese escenario también lo planteó en su día Rodríguez Villalobos, que antes de que los ayuntamientos aprobaran sus planes de ajuste ya indicaba que era "el negocio de la banca" -que adelantará el dinero a cambio de un crédito al 5% durante diez años- y que "iba a priorizar a las grandes empresas". "¿Cuánto va a pillar de ese dinero el polvero o pequeño proveedor?", se preguntó el presidente de la Diputación en marzo.
La Diputación es de las instituciones que eludió el plan de ajuste y se puso al día en el pago a proveedores. No obstante, existe otra inquietud: la de saber qué partidas percibirá de los presupuestos del Estado para saber hasta qué punto se deberá apretar el cinturón, aunque ya avanzaron que entre las medidas no se contempla ningún despido.

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