Los responsables de Caja Castilla-La Mancha (CCM) que formaban parte del consejo de administración de la entidad o de su equipo gestor cuando fue intervenida por el Banco de España podrían enfrentarse a multas de hasta 150.000 euros por cabeza y a la inhabilitación por hasta diez años en el sector financiero.
Así figura en el artículo 12 de la Ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, que contempla una serie de sanciones a los responsables de cometer infracciones muy graves, con independencia de la sanción que corresponda imponer a la entidad de crédito infractora.
Entre las infracciones calificadas como muy graves por la ley figura el carecer de la contabilidad exigida legalmente o llevarla con irregularidades que impidan conocer la situación patrimonial y financiera de la entidad, así como incumplir el deber de veracidad informativa a los socios, depositantes, prestamistas y al público en general.
Además de estas situaciones, que podrían corresponder con los sucesos que provocaron la intervención de CCM por parte del instituto emisor español el 28 de marzo, se considera "muy grave" contar con una cobertura sobre recursos propios insuficiente.
La norma establece que serán responsables de estas infracciones aquellos que ejerzan cargos de administración o dirección cuando se puedan imputar a una conducta "dolosa o negligente", si bien matiza que para determinar la sanción aplicable se tomará en consideración el grado de responsabilidad del individuo en los hechos.
La CCM comunicó a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) un beneficio consolidado de 29,86 millones de euros en 2008, un 87% menos respecto al año anterior, lo que contrasta con los ajustes de patrimonio necesarios detectados por el organismo que preside Miguel Angel Fernández Ordóñez.
Según el Banco de España, CCM presenta una fuerte concentración en el sector promotor y constructor, por encima del 40% de la inversión crediticia total.
