Después de un debate de tres años y de un plazo de adaptación de cuatro meses, la ordenanza que regula vandalismo, gorrillas, insultos y actos en la vía pública entró en vigor sin que la Policía tuviese un plan de actuación. El Consistorio anuncia que habrá primero un margen de información y sensibilización.
"En los primeros meses, queremos abrir espacios de concienciación y sensibilización, así como dar una formación a los agentes. La Policía ya puede multar conductas como un insulto en la calle, un destrozo o un acto incívico, pero es lógico que se abra un periodo para informar a la población". El delegado de Convivencia y Seguridad, Alfonso Mir, resumió de esta forma el planteamiento del Consistorio en el arranque de una normativa que lleva años de elaboración y que se presentó en su momento como un punto de inflexión para las actuaciones en la vía pública. "Esto no es una ley policial, sino unas normas de convivencia", subrayó el edil.
Pese al plazo de cuatro meses que se dio en julio el Ayuntamiento para empezar a aplicar la ordenanza, la Delegación de Convivencia tiene aún varios frentes abiertos que no ha logrado cerrar, en parte por los numerosos cambios al frente de este área. Recientemente se anunció a los sindicatos la difusión de 4.000 folletos sobre la ordenanza -un compromiso incluido en la normativa que debía haberse llevado a cabo cuatro meses después de su aprobación en sesión plenaria- y es ahora cuando arrancan los planes cívicos por distrito -que tienen un año para realizarse- y la convocatoria de premios para las conductas cívicas.
Pero aunque el delegado subraye que no se trata de una ordenanza "exclusivamente policial", su aplicación está principalmente en manos de los agentes. Hay sobre la mesa una propuesta de creación de una unidad de 200 agentes -Torre del Oro- que se encargará de aplicar la normativa, así como la ley antibotellona. Sin embargo, la negociación con la plantilla va lenta -el lunes hubo una reunión con los mandos y ayer con los sindicatos para avanzar en la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo- y no se han habilitado, de momento, herramientas de adaptación.
Según fuentes policiales consultadas, la normativa no se había publicado ayer en la orden del Cuerpo, ni se habían dado instrucciones para su aplicación. No había más presencia policial ni un plan de intervención ante las infracciones recogidas en la normativa que regula cómo se sancionará y cómo se podrá sustituir la multa por una programas de reinserción, como está previsto en el caso de los gorrillas.
Esta práctica de los aparcacoches ilegales queda regulada por primera vez en Sevilla en esta ordenanza, que da la opción de multar con 120 euros este tipo de actuaciones. "Tenemos previsto reforzar la presencia de agentes en las zonas más afectadas por este fenómeno -entre ellas Bami-" apuntó Alfonso Mir. Pese a esto, no hay ni plazos ni fórmulas de intervención ante esta práctica.
La postura del Gobierno local refleja que el Ayuntamiento pretende dar un nuevo periodo de adaptación a esta normativa. Su entrada en vigor ayer queda por tanto prácticamente como un trámite administrativo hasta que finalmente se den instrucciones a los agentes de intervenir.
La ordenanza antivandalismo supone una reagrupación de prácticas que ya eran consideradas irregulares para reforzar la base legal de la Policía para actuar contra ellas y aumentar el control sobre este fenómeno en la ciudad. Pero además se intruducen nuevas competencias para la Policía Local como la posibilidad de intervenir ante un insulto, el aumento de la regulación de actos públicos o los gorrillas.
