La nueva ordenanza contra la prostitución, que sanciona a los demandantes de servicios sexuales con multas de entre 750 y 3.000 euros, está a punto de cumplir un año de vigencia durante el cual la Policía Local ha sancionado a 113 clientes e inspeccionado 32 locales donde presuntamente se explotaba sexualmente a mujeres, aunque ninguno de ellos ha sido clausurado y solo dos cerraron voluntariamente tras la inspección policial.
La campaña municipal diseñada por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional contra la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual, el 23 de septiembre, vuelve a poner el punto de mira en el cliente, con carteles, banderolas y spot publicitarios bajo el lema "Pagar por sexo es un crimen". Es el mismo espíritu de la ordenanza que entró en vigor el 28 de octubre de 2011, "perseguir al cliente y desincentivar la demanda" para luchar contra "la forma más extrema de violencia hacia la mujer", en palabras de la delegada de Familia y Asuntos Sociales, Dolores de Pablo.
De Pablo hizo un balance positivo del primer año de la ordenanza y del plan integral contra la prostitución, que incluye también programas de formación y asistencia social, jurídica, psicológica y sanitaria para las mujeres víctimas de la explotación sexual, en el que destacó la importancia de la coordinación entre diversas áreas municipales así como entre el Consistorio y la Policía Nacional o las entidades que trabajan con este colectivo.
En lo que se refiere a los clientes multados, en todos los casos fueron sancionados por faltas leves (se considera grave la demanda de servicios sexuales en espacios frecuentados por niños o con gran afluencia de público, en zonas que por su carácter solitario, mala iluminación o dificultad para la huida hacen a la mujer más vulnerable, así como la reincidencia). De las 113 multas, 25 fueron pagadas en el periodo voluntario. En cuanto al perfil del cliente, De Pablo destacó que se trata de una conducta que "implica planificación y premeditación, requiere disponibilidad de tiempo y dinero y se hace compatible con responsabilidades familiares y sociales".
En cuanto a la inspección y clausura de prostíbulos, De Pablos reconoció las dificultades para demostrar que en un local se ejerce una actividad distinta a aquella para la que se concedió la licencia y explicó que en el caso de los 32 establecimientos inspeccionados, los expedientes abiertos están en periodo de alegaciones.
Pese a las quejas vecinales que hablan de un traslado de la prostitución callejera de unas zonas a otras, por ejemplo en Sevilla Este, De Pablo defendió que no se han detectado ni focos nuevos ni repuntes mientras que sí se ha erradicado en zonas como Santo Domingo de la Calzada y se ha trasladado a otras localidades.
Unidades itinerantes del Cecop Social en puntos críticos
Además de las sanciones a quienes explotan sexualmente a las mujeres, el plan de acción contra esta lacra incluye actuaciones para ayudar a las víctimas como el programa de reducción de daños, que ha atendido a 94 mujeres; el programa de incorporación sociolaboral que ha atendido a 7 o la atención odontológica a prostitutas drogodependientes en el Polígono Sur, con 9 beneficiaras. El Cecop Social cuenta con un servicio itinerante de atención urgente con 78 rutas por los puntos más críticos. Y los Puntos de Información a la Mujer (PIM) atendieron entre 2011 y 2012 a 10 víctimas de explotación sexual. De Pablos garantizó el funcionamiento de los PIM pese a que los contratos de su plantilla expiran en octubre.
