La Junta de Andalucía siempre ha presumido de ser una de las comunidades que mejor está aplicando y desarrollando la Ley de Dependencia, y así se le ha valorado en los Consejos Interterritoriales donde sus demandas de primar la eficacia para el reparto de los fondos estatales se abrieron paso. Pero sea por el volumen de dependientes a los que debe atender, o por los efectos de los recortes económicos, lo cierto es que la adjudicación de la prestación se ha ralentizado y han crecido los beneficiarios que se encuentran en el llamado "limbo de la dependencia", es decir, ya están valorados, se les reconoce el derecho a tener una prestación pero aún no la reciben.
Actualmente se sitúan en el 30,8% de los dependientes reconocidos (81.151 personas), ligeramente por encima de la media estatal (30,5%). Hay nueve comunidades con menos personas en el "limbo", además de Ceuta y Melilla, y otras siete con cifras superiores, entre las que destaca Canarias, que casi duplica el porcentaje andaluz.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales elabora un informe semestral que evalúa también la falta de una Ley de Servicios Sociales adaptada a la normativa estatal que regula este nuevo derecho -se está elaborando pero lleva retraso-; el predominio de las prestaciones económicas sobre los servicios -generalizado en todo el país-; el gasto por habitante en estas políticas o a la falta de un seguimiento sistematizado y de un sistema de información en tiempo real. En base a todos los datos, puntúa la aplicación de la ley en las distintas comunidades y Andalucía saca un 7, aún en la parte alta de la tabla (que lideran, con sobresaliente, Castilla La Mancha, País Vasco, Castilla y León, Aragón y La Rioja) pero en progresivo retroceso. Hace un año sacaba un 8 y hace dos un 8,5, cuando llegó a liderar el ranking junto al País Vasco. Está muy lejos del suspenso de Baleares, Madrid, Asturias, Valencia, Canarias, Ceuta y Melilla, pero es la única comunidad de las que aprueban que ha ido empeorando su calificación. La nota media es de 5,97.
Según los últimos datos oficiales del Ministerio, a fecha 1 de junio, en Andalucía había 263.543 dependientes con derecho reconocido a una prestación pero solo la recibían ya 182.392. El número de prestaciones es mayor que el de beneficiarios, en concreto 244.051, porque en Andalucía son compatibles servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio con los centros de día. Aunque el informe de la asociación de directores de Servicios Sociales sitúa en el 60,3% el predominio de las ayudas económicas dadas en Andalucía frente a los servicios, los datos que centraliza el Imserso con la información de las comunidades indican una proporción más equilibrada. Pese a que solo las ayudas económicas para cuidados familiares (106.816) representan el 44,3% del total (45,6% sumando también las ayudas económicas para servicios), la suma de todas las prestaciones de servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y residencias) supone el 54,39%.
La Consejería de Igualdad ha adoptado varias decisiones, en el marco de sus competencias, para invertir la proporción, como hacer más ayudas compatibles o limitar las vacaciones de respiro para los familiares cuidadores. Además defiende un cambio en la ley estatal para que los parientes del dependiente no tengan la última palabra al decidir la prestación sino que prime la opinión de los profesionales. La ley preveía que las ayudas económicas fueran una excepción pero en la práctica se han generalizado y en el conjunto del país suponen el 53% (la asociación de directores las eleva al 64,5%).
