La Junta garantiza por ley un trabajador social de referencia para cada andaluz

La futura Ley de Servicios Sociales blindará el derecho a renunciar con antelación a ser ingresado en una residencia en caso de incapacidad

el 22 jul 2014 / 14:38 h.

DEPENDENCIALa futura Ley de Servicios Sociales, cuyo anteproyecto fue aprobado ayer en Consejo de Gobierno, garantizará que cada andaluz tenga un trabajador social de referencia (también a domicilio), igual que ahora en la sanidad pública, cada ciudadano tiene asignado un médico de familia. Ese trabajador social debe planificar el tratamiento y seguimiento del grupo de población que le asignen, arropado por un equipo de apoyo de los servicios comunitarios, y si lo considera necesario podría derivar un caso concreto a un servicio más especializado (un psicólogo o un educador social). La comparación con la función que desempeña un médico de cabecera no es casual porque, en muchos sentidos, lo que viene a hacer esta ley es mimetizar el modelo sanitario: también se creará una tarjeta social electrónica personalizada para cada andaluz, igual que la tarjeta sanitaria, y un historial digital, que recopilará todos los datos de la persona y las prestaciones sociales que necesita y ha recibido. La ley también prevé reordenar la atención social por distritos, tratando de «armonizar las zonas de influencia de servicios sociales con los distritos sanitarios», es decir, delimitar el cupo de personas por barrio al que tendrá que atender cada trabajador social. No obstante, esto llevará tiempo, porque mientras que el personal sanitario depende exclusivamente de una administración (la Junta), los trabajadores sociales dependen de tres (Gobierno, Junta y ayuntamientos). El objetivo de la legislación es integrar al personal especializado con los servicios sociales comunitarios. La ley de Servicios Sociales, que está recogida en el pacto de Gobierno PSOE-IU, también introduce un derecho que, hasta ahora, no estaba reconocido por ninguna normativa: los andaluces podrán elegir de forma anticipada la atención social que podrán recibir en caso de sufrir alguna incapacidad en el futuro que le impida expresar su voluntad. Esto quiere decir que la Junta blindará por ley la decisión de una persona, por ejemplo un dependiente de grado alto, que rechaza ser ingresado en una residencia, si previamente ha dejado constancia de que prefiere ser atendido por un trabajador social en su propia casa. «Se prima la voluntad de la persona en el momento en que es autónoma para decidir por sí misma», explicó ayer la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, equiparando este derecho al llamado «testamento vital», que recoge la Ley de Muerte Digna para los pacientes terminales. La norma contempla el «derecho de renuncia» a una prestación. Esta medida está fuertemente ligada a la Ley de Dependencia, porque el objetivo es «promover la autonomía personal y de las familias y atender las necesidades» de los dependientes. La gran ambición de esta ley, que sustituye a la que estaba vigente desde 1988, es reordenar todos los recursos públicos en materia de servicios sociales. Se introducen derechos que aparecen en el Estatuto de Autonomía (2007) que no estaban blindados por ley, porque eran anteriores, y ahora estarán definitivamente universalizados. Los beneficiarios de la futura no sólo serán los andaluces, también todo aquel que resida en Andalucía, extranjeros empadronados, andaluces que viven en otros países, y todo aquel que resida en esta región en situación de extrema urgencia personal, familiar o social, incluido los inmigrantes en situación irregular (tendrán un trato distinto, pero no contarán con la tarjeta social electrónica). La norma distingue entre prestaciones garantizadas (obligatorias para la administración y exigibles por parte de la ciudadanía) y prestaciones condicionadas, que no constituyen un derecho al 100%, y su disponibilidad dependerá de los recursos de la Junta. En este punto, cabe recordar que una norma tan ambiciosa parte sin memoria económica específica, y sólo contará con el presupuesto propio del departamento de Sánchez Rubio. En el catálogo de prestaciones garantizadas: la teleasistencia, los servicios de información, valoración, orientación y asesoramiento, los programas de atención social y su seguimiento, la atención de urgencia social, los servicios de protección de menores, las prestaciones ligadas a la Dependencia. La consejera volvió a recordar ayer que Andalucía tiene el 22% de dependientes beneficiarios de esta ley del país, y ofrece el 24% de las prestaciones, pese a que el Gobierno central ha minorado sustancialmente su aportación (que antes se repartía al 50% con las comunidades). «Vamos a seguir garantizando la ley de Dependencia en Andalucía», dijo. La consejería creará, por primera vez, un comité de ética de los servicios sociales de Andalucía, un órgano consultivo que velará por el derecho de las personas a elegir cómo quieren ser atendidas en condiciones de «dignidad». Además, con el propósito de mejorar los servicios sociales, la Junta implantará un nuevo modelo de gestión de los centros y unidades de titularidad pública (centros de día, residencias, etc..) introduciendo la figura del «contrato programa y los acuerdos de gestión», que pasan por «vincular objetivos a recursos y resultados». Es decir, aquellos que funcionen mejor percibirán más fondos. En cuanto a la colaboración público-privada con entidades que ofrezcan servicios sociales, la Junta «priorizará» los conciertos con las de iniciativa social por delante de la iniciativa mercantil. Éstas se exponen a sanciones leves, graves o muy graves si incumplen la normativa.  

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