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La ley de transparencia obliga a dar la información al ciudadano en 20 días

La Junta tendrá un año para cumplir la norma y da dos a los ayuntamientos, que tendrán que publicar sus ordenanzas y retransmitir sus plenos.

el 18 feb 2014 / 14:00 h.

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jimenez-barrios El Gobierno andaluz remitió ayer al Parlamento la primera de las 27 leyes incluidas en el pacto de PSOE e IU casi dos años después de cerrarse el acuerdo. La ley de transparencia, una de las normas clave de este mandato y una de las grandes promesas de la presidenta Susana Díaz, llegará a la Cámara para ser aprobada en este periodo de sesiones, aunque no entrará en vigor hasta un año más tarde, casi expirando la legislatura. La norma supone un vuelco en las relaciones entre las administraciones y los ciudadanos. Si se cumple, cualquier ciudadano podrá dirigirse a la Junta, los ayuntamientos, las diputaciones o cualquier entidad privada que reciba subvenciones públicas, incluyendo la Iglesia, hospitales y colegios concertados, para reclamarle información puntual y detallada sobre lo que se está haciendo con el dinero que sale de sus impuestos. Tendrá que recibir respuesta en un plazo máximo de 20 días y si no, se prevén duras sanciones que pueden llegar hasta los 400.000 euros o el cese e inhabilitación en el cargo por tres años. Queda por ver si hay voluntad política auténtica, si la promesa de «abrir un nuevo tiempo» y de recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en tiempos en los que los políticos cotizan bajo mínimo es real. La norma entrega al ciudadano una llave fundamental para controlar la administración y el destino de los fondos públicos. El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, defendió que es «una herramienta que ayuda a la sociedad a recuperar la confianza perdida» y sostuvo que es «mucho más avanzada» que la ley estatal, aprobada a final de noviembre y de obligado cumplimiento para todas las administraciones en dos años. La Junta se adelanta pero tenía que legislar de todos modos. En su ley se da un año para cumplir la norma y deja dos para los ayuntamientos. La futura ley obliga a la Junta a una rendición de cuentas permanente y no solo cada cuatro años. Obliga a explicar al ciudadano qué se hace con su dinero, cómo se contrata, con quién, cuánto se paga a los cargos públicos... Deberán responder las administraciones pero también cualquier entidad privada que gestione o reciba fondos públicos. En pleno escándalo de los casos de los ERE, que desvela el grave descontrol en las subvenciones de la Consejería de Empleo durante una década, o UGT, con una investigación abierta por presunto desvío de ayudas públicas, la norma crea una Comisión Consultiva de Subvenciones. Este órgano hará públicas sus resoluciones y resolverá cualquier duda sobre las ayudas otorgadas por la Junta. También los partidos políticos deberán de informar de sus contratos, convenios y subvenciones públicas y responder al ciudadano como la administración. El consejero de la Presidencia admitió que el Gobierno pretende ir más allá y se debatirá en paralelo a esta ley de transparencia en el Parlamento una reforma legal de la Cámara de Cuentas, que obligaría a todos los partidos a desnudar su contabilidad de los últimos diez años. El PSOE ha dicho que lo hará, también IU, mientras que el PP ignora la petición en pleno escándalo sobre Gürtel y Bárcenas. Esta será una de las batallas políticas en las que podría enredarse el pacto por la transparencia, que los partidos ya han anticipado con un «y tú mas» echándose a la cara sus respectivos casos de corrupción. Del cumplimiento de la norma se encargará un Consejo de Transparencia, dirigido por una «autoridad independiente», que será el único que cobre –aunque el sueldo no está fijado–. Entre sus 14 miembros habrá representantes de los consumidores o las universidades. Serán elegidos por el Parlamento. El régimen sancionador afectará a todas las administraciones y personas físicas y jurídicas que estén obligadas a dar la información según la ley.También a sindicatos, partidos y empresas. Se gradúa desde una amonestación de 200 euros hasta una multa máxima de 400.000 euros. Se impone el reintegro de la subvención y se prevé el cese en el cargo e inhabilitación de hasta tres años por infracciones muy graves. Para empresas beneficiarias de subvenciones se prevén multas coercitivas de 100 a 1.000 euros cada quince días hasta que entreguen la información solicitada. Los anteproyectos de ley de la Junta tendrán que hacerse públicos así como las ordenanzas municipales y los plenos de los ayuntamientos tendrán que retransmitirse.

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