El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el anteproyecto de la Ley del Derecho a la Vivienda, una norma que se aprobará en el Parlamento en enero de este próximo año y que constituye la piedra angular de la política de vivienda en Andalucía para los próximos años. La ley no garantiza el derecho constitucional a una vivienda digna ni le da a nadie la posibilidad de tener un piso gratis, pero sí que otorga a los ciudadanos la posibilidad de reclamar en los tribunales su derecho a que la Administración facilite una oferta inmobiliaria que se adecúe a sus posibilidades económicas. La ley, en este punto, lo que obliga es a favorecer el ejercicio de este derecho a quienes carezcan de ingresos para acceder al mercado de las viviendas en régimen libre. Y para ello, utiliza dos instrumentos . En primer lugar, da dos años de plazo a los ayuntamientos para que elaboren sus planes de vivienda y cedan el suelo requerido para la construcción de viviendas protegidas. Y en segundo lugar, establece la figura del registro de demandantes para todos los municipios con una población superior a los 5.000 habitantes, con el objetivo de que se sepa con claridad cuántos pisos se necesitan, y que no pase como hasta ahora, que apenas hay registros y los pocos que hay (caso de Emvisesa, en Sevilla capital) están inflados. En suma, con estas medidas la Junta le dice a los constructores que habrá suelo a precios razonables para construir viviendas protegidas y que sabrá cuánta gente necesita esos hogares y qué dinero pueden pagar. Los constructores no tendrán márgenes de beneficios tan descomunales como los que han disfrutado hasta tiempos recientes, pero sí que se encontrarán en estos tiempos de recesión con una línea de negocio. Y, mientras, los andaluces contarán con un mercado real de pisos públicos que funcionará en paralelo a un mercado de viviendas en régimen libre que, más tarde o temprano, tendrá también que bajar sus precios para adecuarse a la nueva realidad social.
