El próximo jueves se dará el pistoletazo de salida para la nueva Política Agraria Común (PAC). Será entonces cuando la Comisión Europea (CE) presente su propuesta sobre la reforma del actual sistema de ayudas agrarias.
El borrador, filtrado hace apenas un mes, da muchas pinceladas sobre lo que la UE defiende en este ámbito, aunque deja en el aire la cuestión que más preocupa a los países: lo que cada uno recibirá en ayudas contantes y sonantes una vez que se apruebe la reforma, lo que se denomina la ficha financiera. Ésta dependerá de los fondos que obtenga la PAC del futuro presupuesto de la UE.
De cualquier modo, hasta mediados del año próximo no estarán listos los textos legislativos de la reforma, que deberán negociar el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo. Estas nuevas disposiciones se pondrán en práctica entre 2013 y 2020, el campo de juego de la futura PAC.
En la actualidad, Andalucía recibe por campaña unos 1.700 millones de euros, que representan la quinta parte de la renta agraria de la comunidad. En cualquier caso, estas ayudas no son sólo importantes para la región, ya que la PAC es la política que más absorbe de las arcas comunitarias, con un porcentaje del 40%. En 2009 supuso un gasto de 59.799,6 millones para la UE, de los que España recibió un total de 7.487, lo que le posiciona como el tercer beneficiado.
Así, la continuidad o no de las ayudas era la principal preocupación de los agricultores, una duda que queda aclarada en el borrador de la CE, que reconoce la importancia de las mismas para el futuro del campo. Eso sí, el medio ambiente juega un papel fundamental en la nueva PAC, ya que algunos de los pagos se relacionan directamente con este ámbito.
En este sentido, recoge un pago ambiental de carácter obligatorio, con el fin de apoyar medidas en favor del entorno en toda la UE.
El documento del comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, incluirá entre sus principales novedades un cálculo diferente de la forma de repartir los subsidios, en lugar del que está vigente en la actualidad, el llamado sistema de pago único que se da por hectáreas o por explotación, basado en referencias históricas.
Ésta es una de las cuestiones que más preocupan a países como España, ya que la UE, al buscar "más igualdad" en el reparto de ayudas, podría desfavorecer a los que siempre las han recibido, como es el caso español.
Otro de los campos de batalla de la PAC se desenvuelve en las ayudas que reciben las grandes explotaciones. El borrador propone un techo en los subsidios en estos casos, así como un pago básico a los pequeños agricultores desvinculados de la producción y a los derechos históricos, como hasta ahora.
Asimismo, las zonas con desventajas naturales concretas recibirán ayudas, con posibilidad de que se fijen techos nacionales de forma voluntaria. Además, habrá pagos acoplados también voluntarios para hacer frente a problemas específicos en determinadas regiones, de naturaleza social o económica, según plantea el borrador.
En este documento también se recoge la referencia a las medidas de mercado, y respecto a esta cuestión, la CE reconoce la necesidad de una mejor gestión del mismo para evitar distorsiones en los precios y, consecuentemente, en la rentabilidad del sector. De hecho, muchas de las quejas de agricultores y ganaderos andaluces van en este sentido.
Pero la CE no incluye muchas novedades a este respecto, ya que apuesta por mantener los instrumentos de gestión de mercado y hace hincapié en una nueva política de calidad, cambios en el sector lácteo y medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimenticia. Esto último, en cualquier caso, deja entrever que Bruselas estará pendiente de los abusos de la industria, que es la que tiene un mayor control sobre los precios y, por tanto, sobre su caída en origen.
Lo que sí es seguro es que el sistema de ayudas agrarias no quedará igual. La CE se plantea tres escenarios posibles: mantener el actual sistema, cambiarlo de manera radical o buscar una solución intermedia, que es precisamente por la que se decantan las autoridades comunitarias, según lo que se ha filtrado de la Comunicación.
Sobre la postura de España, la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, afirmó la pasada semana que "trabajará con el objetivo irrenunciable de defender los intereses de los agricultores y ganaderos" españoles en la reforma de la PAC.
Tras destacar la importancia de la Comunicación que la CE presentará el próximo día 18, Aguilar subrayó que ha invitado a todas las organizaciones profesionales y sindicales, la sociedad civil, las comunidades y los grupos políticos a trabajar sobre este documento con el objetivo de "nuclear y fortalecer una posición común".
