El estreno del nuevo auditorio del palacio de congresos vuelve a estar en el aire. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido , aseguró ayer haber recibido el aviso por parte del secretario del Ayuntamiento de que la obra se había paralizado cuando se encontraba prácticamente a las puertas de su finalización. El motivo es un nuevo sobrecoste en el proyecto provocado por una serie de reformas que quiere introducir la Unión Temporal de Empresas adjudicataria de los trabajos que asciende a diez millones de euros, según el regidor del PP. Un dinero que Emvisesa -a la que se encomendó el proyecto y que para ejecutarlo solicitó un préstamo con el aval del Ayuntamiento- tendría que abonar y que de momento no reconoce. Según fuentes de la empresa, cuenta con informes de la dirección técnica de la obra que rechazan este nuevo pago para un proyecto con un coste aproximado de 90 millones en el que el Consistorio no ha contado finalmente con el respaldo ni del sector privado -a la espera de la explotación de los terrenos- ni del Gobierno central, que se quedó en torno a los 2,5 millones. La obra está ya casi al 95%.
"La obra está parada por una discrepancia entre la empresa constructora, la dirección de la obra y Emvisesa", apuntó a este periódico Juan Ignacio Zoido, quien avanzó su intención de mantener reuniones con todas las partes implicadas en los próximos días para tratar de desbloquear un proyecto cuya finalización estaba prevista para este mismo mes -después del último aplazamiento al ser imposible su estreno el pasado marzo- de forma que para septiembre ya estaban programados eventos en el gran auditorio diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra.
"La obra está casi terminada. Prácticamente le puede quedar menos de un mes, de forma que si se cumplen los plazos puedan hacerse las pruebas en verano y que en otoño se estrene", afirmó el director gerente de Fibes, Felipe Luis Maestro, quien admitió que el bloqueo del proyecto por la discrepancia de diez millones de euros puede dar al traste con toda la planificación del palacio para los próximos meses: "Se siguen haciendo trabajos, pero hay una parte que depende de esta nuevo reformado". Según su relato, la modificación presupuestaria proviene de una serie de mejoras que se han propuesto y que no está claro que se deban realizar.
Desde la empresa municipal de vivienda plantearon otra lectura de la situación. Según esta sociedad, se ha solicitado la reforma que implica un nuevo sobrecoste debido a una serie de trabajos que la Unión Temporal de Empresas adjudicataria asegura haber realizado. Según Emvisesa, hay informes de la dirección técnica de la obra y del equipo de Vázquez Consuegra, que rechazan que se deba incrementar el coste de las obras dado que estas mejoras o no se han hecho o se compensan con otras labores que no se han realizado, de forma que la obra se ajusta a su coste.
Este sobrecoste por la reforma lo tendría que asumir en todo caso Emvisesa, a la que se le encomendó el proyecto. Para ello, solicitó un crédito de unos 58 millones de euros, que contó con el aval del Consistorio -un hecho que se incorpora dentro del endeudamiento municipal según los informes de intervención-, y que deberá devolver después el Consorcio de Fibes en parte a través de la explotación de los terrenos. Estos diez millones de euros no están incluidos en esta cantidad ni en los cálculos del proyecto.
Pese a esta discrepancia económica denunciada por el alcalde de la ciudad, el exregidor Alfredo Sánchez Monteseirín dio por terminada la obra civil de Fibes el pasado mes de marzo, antes de que se iniciara la prohibición de inauguraciones oficiales. En aquel momento, se planteó que únicamente quedaba la instalación del mobiliario, se dio por recepcionada la obra a la espera de los remates finales e incluso se abrió un programa de visitas del nuevo recinto. Éstos debían haberse concluido durante este mes de junio. Para ello, durante los últimos meses Emvisesa intentó acelerar al máximo los trabajos, en los que estuvieron presentes hasta 350 operarios. La obra de Fibes, con un diseño adjudicado en 2003, se vuelve, así, a quedar sin un plazo claro de finalización.
