El Gobierno aprobó ayer la oferta de empleo público para 2009 con la convocatoria de 20.613 plazas, casi la mitad de las que se ofertaron el año pasado, y repondrá así el 30% de los puestos vacantes por bajas, jubilaciones o excedencias, el mínimo que marca la ley.
Así lo anunció ayer la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, tras el Consejo de Ministros. Explicó que se trata de una oferta de empleo "austera" que incide en la contención del gasto y que es "adecuada" al actual momento de crisis económica. El total de plazas de acceso libre ofertadas en la Administración central se elevará a 17.948, mientras que 2.613 serán de promoción interna.
A pesar de la reducción del 48% frente a las 38.000 ofertadas el año pasado, Salgado explicó que hay un número de efectivos suficientes para garantizar la seguridad y el ejercicio de las funciones prioritarias de la Administración y recalcó que la limitación "no afecta a la prestación de servicios públicos esenciales".
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, apuntó, en este sentido, que se compatibiliza el "rigor y la austeridad presupuestaria" con la mejor calidad al servicio de los ciudadanos, y aseguró que su finalidad es reactivar la economía y fomentar el empleo.
De la Vega informó de que la nueva oferta establece medidas para la igualdad de acceso entre hombres y mujeres y facilidades a los candidatos para poder conservar nota en las oposiciones, siempre que no supere el 60% de la máxima calificación.
La oferta de empleo público fija por primera vez que el 7% del total de las plazas se reserve para discapacitados (5% anterior más el 2% para personas con alguna deficiencia intelectual).
La ministra recalcó que en la distribución se han primado los sectores que pueden contribuir a la recuperación económica, como el de las tecnologías de la información y el de la lucha contra el fraude fiscal.
La limitación de la tasa de reposición no se aplica a las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado (con 4.957 plazas), la Administración de Justicia (2.883), las Instituciones Penitenciarias (1.572), la Educación, la Sanidad, la Inspección de Trabajo o la seguridad aérea.
El Ejecutivo también aprobó un acuerdo para la racionalización de los recursos de la Administración General del Estado (AGE), con el propósito de que antes del próximo 1 de junio todos los ministerios remitan un listado al Ministerio de Economía y Hacienda para reducir el número de vacantes a un máximo del 8% del total, con el fin de "optimizar gastos".
Elena Salgado explicó que se continuará con la racionalización en los cuerpos y escalas de la AGE porque "hay demasiados" y "dificulta" el acceso al empleo público.
