El Claustro de la Pablo de Olavide presentó ayer una enmienda a la totalidad a la gestión de su rector, Juan Jiménez. Por primera vez, el parlamento universitario reprobó la acción de gobierno de su máximo responsable, que no consiguió sacar adelante su informe de gestión correspondiente al curso pasado. Nada menos que 83 votos en contra frente a 22 a favor (prácticamente el equipo de Gobierno y algunos más) evidenciaron el malestar creciente y real que hay en torno a la tarea de Gobierno de Jiménez. El resultado de esta votación no tiene consencuencias jurídicas, es decir, no obliga al rector a presentar su dimisión, pero sí que abre una crisis de consecuencias todavía imprevisibles y debilita a Jiménez de cara a los casi tres años de Gobierno que le quedan por delante (el primer año de éste su segundo mandato se cumplen el próximo mes de mayo).
El rector aseguró a los asistentes que toma "nota" de los resultados y recordó a renglón seguido que hay precedentes (Pérez Royo en la Universidad de Sevilla) en los que rectores cuyos informes de gestión fueron reprobados por el Claustro siguieron en su puesto.
Los motivos que llevaron ayer al Claustro a presentar esta suerte de moción de censura al rector hay que buscarlos en "múltiples causas", según fuentes del equipo de Gobierno. "Los profesores contratados doctores y los titulares están muy enfadados con la interpretación que hemos hecho del Real Decreto de las Navidades que congela la oferta de empleo público; nos han salpicado también los problemas internos dentro del sector de los estudiantes; y el personal de administración también se siente perjudicado por el Real Decreto. Además, está el desgaste propio de la acción de Gobierno", relata la citada fuente.
Otras fuentes consultadas presentes en el Claustro apuntan a otros dos elementos de fondo que han podido contribuir a avivar la marejada: la gestión y fracaso del campus de excelencia internacional y la política desplegada en relación con la oferta de posgrado. Sobre el primero de los asuntos, no fueron pocos los que afearon al rector que no se haya explicado "suficientemente" el tercer fiasco en la convocatoria de campus de excelencia. Las fuentes consultadas relatan que Juan Jiménez explicó a los asistentes que él no se considera un "político" y que, por tanto, estaba convencido de que las decisiones sobre este tipo de proyectos se toman en base a criterios "científicos". Recordó además que hay un recurso de alzada.
Sobre la política de posgrado, alguno de los claustrales que intervinieron se quejaron de las cuantiosas partidas que se destinan a este capítulo, y que no son similares en el grado.
Al margen de gestiones más o menos brillantes, el Claustro sacó a relucir las tensiones propias que se generan en una familia cuando los recursos escasean y son muchos los miembros a los que dar de comer. La falta de dinero y, sobre todo, la delicada situación en la que quedan no sólo la Olavide sino todas las universidades españolas con la congelación obligada por el Gobierno de Rajoy de la oferta pública de empleo están tensionando más si cabe las relaciones dentro de la comunidad universitaria, tensiones que en época de vacas gordas no afloran.
"Se le ha agotado el crédito", señaló uno de los claustrales a este periódico, que, no obstante, enfatizó que el normal funcionamiento de la institución está "garantizado". "Había un caldo de cultivo desde hace semanas, movimientos entre los claustrales que buscaban evidenciar su malestar con el rector y su Gobierno", puntualizaron otros.
Un mandato complicado. Sea como fuere, el segundo mandato de Juan Jiménez no ha empezado con buen pie. No fue una buena señal que su candidatura fuera la única a las elecciones del pasado mayo. No fueron buenos los resultados de participación (en el sector de los estudiantes, de 10.439 posibles votantes, tan sólo ejercieron su derecho 120, es decir, un 1,2% del censo; las cifras fueron igual de desoladoras en el caso del profesorado docente e investigador, con sólo 107 votos de los 775 posibles). El fiasco del campus de excelencia (la Olavide es la única universidad pública de Andalucía que no tiene este sello de calidad) dio una estocada muy honda al Gobierno de Jiménez y la puntilla se la puso el propio rector amagando con marcharse.
La situación económica y de incertidumbre no han hecho más que enseñar los dientes. Juan Jiménez tiene ahora que sopesar si su marcha alivia en algo o puede ayudar a hacer más grande el agujero.
