Un mes más, y ya van catorce, la jueza Mercedes Alaya ha prorrogado el secreto de sumario que pesa sobre la llamada operación Madeja, que cumplió un año de investigación el pasado mes de julio. En la causa se investiga el presunto pago de dádivas a cambio de contratos municipales, así como una supuesta contabilidad B en la empresa Fitonovo, que era la adjudicataria de dichos contratos. La magistrada sólo ha levantado hasta ahora la parte que hace referencia al exasesor socialista y exdirector de Vía Pública Enrique Domingo Castaño. Hay trece personas imputadas.
La medida se prorroga para que la Guardia Civil pueda seguir llevando a cabo sus pesquisas con seguridad. Sin embargo, fuentes del caso apuntan a que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) ya podrían estar finalizando las diligencias más importantes y que, por tanto, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 podría levantar todo el secreto de la causa el próximo mes.
En la segunda fase de la operación, la instructora envió a prisión González Baró, junto con el exjefe de Servicio de Parques y Jardines Francisco de Amores y al jefe de mantenimiento del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas. Todos ellos están ya en libertad provisional. Los otros dos detenidos en la esta segunda fase, un ingeniero de 70 años de la empresa Jardines y Riegos Al-Andalus y el jefe comercial de Fitonovo, quedaron en libertad aunque imputados por un delito de cohecho.
Fuentes del caso explicaron entonces que en los registros llevados a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) en Fitonovo los agentes habrían localizado en los ordenadores un listado detallado en un documento excel con nombre o iniciales, en el que quedaban anotados pagos periódicos realizados en la última década, desde 2003. Una documentación que implicaría una supuesta contabilidad B en la empresa, que ahora investiga la jueza.
La segunda fase de la operación comenzó de forma precipitada, debido a un error de Alaya en el auto de prórroga del secreto de sumario en el que desvelaba que los teléfonos de unos diez funcionarios estaban pinchados. Ese día se registraron los despachos de los arrestados y el de otros dos funcionarios imputados: el adjunto del jefe de Servicio, Javier Gómez; y el del director general de Parques y Jardines, Joaquín Peña, quien fue destituido por el alcalde, Juan Ignacio Zoido, nada más conocerse su imputación. De igual modo, los agentes registraron las dependencias de las empresas Suministros Agrícolas, en La Rinconada, y de Riegos y Jardines Al-Andalus, situada en Dos Hermanas.
La operación Madeja se inició en julio con la detención del exdirector de Vía Pública Enrique Domingo Castaño; su mujer, la abogada Ana María Vaquero; el administrador de Fitonovo, Rafael González Palomo; y del exadministrador de Fiverde Ángel Manuel Acedo. Además fueron imputados la mujer del propietario de Fitonovo, Pilar Baró y el dueño de una gestoría.
Hasta ahora la magistrada sólo ha levantado el secreto sobre la parte que hace referencia a Castaño y a su mujer quienes habría llegado a recibir de forma ilegal 411.000 euros durante su etapa en el Consistorio, tiempo en el que incrementaron su patrimonio en 811.396 euros.
