La jueza Mercedes Alaya, llegando a los juzgados. Raúl Caro (EFE)
La operación Madeja, como el símbolo municipal, está a punto de cumplir un año y medio. Se destapó en julio de 2013 y desde entonces está bajo secreto de sumario, pues justo ayer fue renovado por la jueza Mercedes Alaya. La magistrada y la Guardia Civil tienen sobre su mesa la investigación por el supuesto cobro de dádivas a cambio de contratos municipales, por lo que podría convertirse en una auténtica macrocausa por corrupción a nivel local. Hasta ahora solo se ha levantado la parte que hace referencia al exasesor del PSOE en el Ayuntamiento Domingo Enrique Castaño.
La investigación sigue abierta y no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones y registros antes de que la magistrada decida levantar el secreto de sumario, algo que, según fuentes consultadas por este periódico, podría producirse en las próximas semanas. El caso, dirigido por el Juzgado de Instrucción número 6, acumula ya trece imputados tras dos operaciones llevadas a cabo en julio y en diciembre de 2013. Las pesquisas, como todas las importantes que tiene en sus manos la jueza, parten del caso Mercasevilla, en concreto, de la supuesta venta irregular del terreno. Fue en esta rama del caso donde la magistrada comenzó a investigar la figura del exasesor socialista y exdirector de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, y su posible enriquecimiento personal, teniendo en cuenta que fue contratado por la empresa a la que se le adjudicó el concurso público.
Las averiguaciones de los agentes llevaron a descubrir una supuesta trama de regalos y favores a cambio de contratos municipales. Dos empresas, Fitonovo y Fiverde, estaban tras esta red, coincidiendo en que ambas «aumentaron su facturación» durante la época de Castaño al frente de Vía Pública. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO)de la Guardia Civil llevaron a cabo la primera parte de la operación que se saldó con la detención de cuatro personas y la imputación de otras dos, entre ellas, Castaño, su esposa y los propietarios de ambas empresas Rafael González Palomo y Ángel Manuel Macedo. Castaño fue el único que ingresó en prisión, saliendo un mes después tras pagar 60.000 euros de fianza.
González Palomo llegó a admitir que entregó un sobre con 30.000 euros para Castaño y que entonces le dijeron que «era para el PSOE». Entre otros datos, desveló que su empresa se hizo cargo de la reforma del local de la agrupación socialista en la Macarena, que facturaron a nombre de una empresa de desratización, cuyo dueño está también entre los imputados.
La segunda fase se produjo hace ya casi un año, en diciembre de 2013, con un nuevo registro en Fitonovo, en dos empresas más y la sede de Parques y Jardines; y se detuvieron a otras cinco personas, entre ellas el actual el administrador de la entidad José Antonio González Baró. La sorpresa fue que la trama que hasta entonces parecía afectar solo al PSOE también salpicó al PP con la detención del que hasta entonces era responsable de Parques y Jardines Joaquín Peñas, que fue cesado de forma fulminante por el alcalde, Juan Ignacio Zoido. Entre los detenidos también se encontraban el jefe de conservación del Parque de María Luisa, Francisco Luis Huertas, y el funcionario jubilado de Parques y Jardines Francisco Amores. Este último, según Alaya, llegaría a cobrar 500 euros mensuales de Fitonovo, más otros 25.000 de otra empresa.
Todo ello, después de que los agentes localizaran en los registros una supuesta contabilidad B en Fitonovo, en la que habrían localizado un documento excel con nombres e iniciales, en el que quedaban recogidos los pagos y los regalos entregados en la última década desde 2003. Un sistema perpetuado y que se habría mantenido con el actual Gobierno local, pese a que lo que Alaya iba buscando era una posible financiación ilegal del PSOE.
En mayo Alaya levantó de forma parcial el secreto de sumario, lo que sacó a la luz que Castaño habría llegado a percibir de forma ilegal 411.000 euros durante su etapa en el Consistorio. Esto, según las conclusiones de la UCO, hizo que su patrimonio se incrementara en siete años de 244.000 euros a un millón. Más de 811.000 euros, de los que solo son «ingresos justificables» 531.209 euros.
