Las principales plataformas de la oposición al exconsejero delegado Manuel Ruiz de Lopera continúan preparando la demanda civil que pretenden interponer para reclamar la nulidad de la suscripción del paquete accionarial que realizó el empresario de El Fontanal el 30 de junio de 1992.
Según su alegación, que tratarán de oficializar en el menor transcurso de tiempo, la compra de acciones a través de Farusa no fue desembolsada, tal y como se contempla en varios autos del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, cuya titular, Mercedes Alaya, ha sido la encargada de instruir la causa penal abierta contra el exdirigente heliopolitano por un presunto delito societario.
La noticia, anticipada ayer por El Correo, ha supuesto un nuevo brote de optimismo en las diferentes plataformas opositoras, cuyas reuniones se acelerarán en los próximos días con el objetivo de registrar en los juzgados la demanda en el menor plazo de tiempo posible.
El expresidente Hugo Galera, uno de los primeros en denunciar las presuntas irregularidades del proceso de compra en 1992, reiteró en la sintonía de Cope Sevilla sus sospechas. "El hilo argumental de la demanda civil que se presentará es sólido, muy sólido, si bien en un caso como el de la venta de acciones de Farusa nos encontraremos con muchas eventualidades que pueden enturbiar el proceso", indicó.
"Mis sospechas no son de ahora, sino de hace 19 años, pero entonces nadie creyó mis argumentos y hasta querían tirarme piedras", espetó el tinerfeño. Galera, uno de los integrantes de la plataforma Béticos por el Villamarín (BXV), destacó que la demanda "prosperará, confiamos en ello". El Correo pulsó ayer la opinión de las principales plataformas contrarias a la gestión de Manuel Ruiz de Lopera.
Las plataformas denunciantes sostienen que, en base a los autos del Juzgado de Instrucción número 6, posteriormente ratificados por la Audiencia Provincial, y a los informes periciales, no fueron desembolsadas 30.689 acciones -las de un crédito suscrito por el Betis con las cajas de ahorro del que se responsabilizó Farusa para amortizar a plazos, incumplidos posteriormente, la operación-.
En ese hilo argumental, la jueza Mercedes Alaya, tras el primer informe pericial y en uno de sus autos, recuerda "el endoso del Real Betis a Tegasa de los efectos librados por Farusa por un valor total de 206.626.424 de pesetas, que le supuso a Farusa la adquisición ilegítima de las 20.662 acciones". Y en esa línea sostienen las plataformas opositoras sus argumentos. "Están claros y confiamos en que, aunque va a ser un proceso largo, al final vamos a conseguir nuestro objetivo", finalizó Galera.
Cayetano, optimista
Otro de los implicados en el proceso abierto para interponer la demanda civil es Cayetano García de la Borbolla, presidente de Por Nuestro Betis (PNB). De la Borbolla, que se reunirá con Adolfo Cuéllar, presidente de la Liga de Juristas Béticos, la próxima semana, explicó a El Correo que el procedimiento "está en una fase embrionaria, inicialmente de estudio". "Será una tarea realmente ardua demostrar ante un juez las irregularidades, pero estamos convencidos de que han existido desde que Lopera adquirió las acciones", sostiene.
Y es que, a su juicio, en el caso de que el fallo futuro de un juez fuese favorable y se declarase la nulidad de la compra de acciones, la singladura de Manuel Ruiz de Lopera en el Real Betis "sería historia". "No nos causa sorpresa tener indicios muy sólidos y fundadas sospechas de que se produjeron irregularidades, pero lo que sí está claro es que debemos ir con suficientes pruebas al juzgado para ganar otra batalla judicial. Ha transcurrido mucho tiempo, así que, además, habrá que ver si la irregularidad ha prescrito", dijo.
La Liga de Juristas se reúne el martes
Otro de los protagonistas en el procedimiento abierto para interponer la demanda civil es el presidente de la Liga de Juristas Béticos, Adolfo Cuéllar. El representante de la Liga señaló ayer a El Correo que "abordamos una cuestión de difíciles componendas jurídicas". "Llevamos meses trabajando en este asunto y tenemos claros indicios de que han existido irregularidades", recalcó.
"Los autos de la jueza nos invitan a trabajar por la vía civil, ya que existen claramente irregularidades en la adquisición del paquete accionarial de Farusa", insistió. "Estamos revisando todos los documentos del tema, porque, una vez finalizado el estudio del caso, tomaremos la decisión de cuándo interponer la demanda", añadió. Y es que, según dijo, "antes debemos saber si ha prescrito o no".
Las reuniones entre las plataformas de la oposición se agilizarán antes de finales de verano, plazo estipulado para tratar de presentar la demanda. Además, el próximo martes se celebrará una reunión de la Liga de Juristas Béticos, en la que Cuéllar informará del proceso abierto a sus militantes y convocará la Asamblea General anual, en la que se aprobarán las cuentas del actual ejercicio.