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La orden de alejamiento no basta

Junta y Ministerio instan a los jueces a complementar las medidas cautelares de protección con las pulseras GPS que controlan los movimientos de los agresores. En una de cada cuatro denuncias los jueces dictan órdenes de alejamiento pero desde junio sólo se han impuesto 31 brazaletes.

el 04 abr 2010 / 20:53 h.

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Las pulseras GPS alertan cuando el maltratador se acerca a la víctima y la alarma salta en un centro de control que avisa a la Policía.
Una mujer acudía tranquilamente a su trabajo en Benalmádena (Málaga) cuando se encontró a su ex pareja esperándola para agredirla e intentar prenderle fuego. Julia visitaba a su madre hospitalizada en una clínica de Huelva, momento que aprovechó su ex marido para apuñalarla mortalmente. Una joven de 19 años iba en el coche con su novio cuando se cruzaron en una carretera de Torredonjimeno (Jaén)con su ex, que tiroteó a ambos desde el vehículo. Y la Policía detuvo en la capital jiennense a un hombre tras intentar agredir en plena calle a su ex pareja con un cuchillo carnicero y una estaca de madera. En todos estos casos, ocurridos en las últimas semanas, ellas habían denunciado y los agresores tenían una orden de alejamiento que no fue suficiente para protegerlas.

 

Una de las tradicionales luchas de las autoridades que trabajan contra la violencia de género es señalar la importancia de la denuncia para iniciar la protección de la víctima, pues lo cierto es que de las catorce mujeres asesinadas el año pasado en Andalucía sólo una lo había hecho, y de las cuatro víctimas mortales de este año (13 en toda España), sólo Julia -asesinada el 19 de marzo- se atrevió a dar el paso.

Las estadísticas judiciales revelan que en Andalucía, la ratio de órdenes por denuncias ronda el 26%, es decir, que en una de cada cuatro denuncias por violencia machista, los jueces dictan órdenes de protección -no todas las medidas cautelares son de alejamiento, también hay prohibiciones de comunicación...-. Sólo entre enero y septiembre de 2009 (últimos datos disponibles) se dictaron 4.206 órdenes.

A la hora de determinar la medida cautelar, según reconoce la titular del juzgado de violencia de género 3 de Sevilla, María Rosario Sánchez, "se tiene muy en cuenta el perfil del agresor, pues por ejemplo hay más riesgo de que quebrante el alejamiento si tiene problemas con el alcohol, las drogas o un trastorno mental, y también se valoran los hechos denunciados, porque no es lo mismo una bofetada o empujón en una discusión que una paliza o el uso de un arma".

La jueza reconoce que el cumplimiento de la orden de alejamiento implica la voluntad del agresor "y también de la víctima, porque se dan casos en que una vez pasado un tiempo, la víctima se relaja, piensa que el agresor ha recapacitado y con buena voluntad intenta darle una segunda oportunidad", si bien subraya que "generalmente suelen ser efectivas". Quebrantarla "tiene consecuencias graves" que pueden llevar al denunciado a la cárcel y "los propios letrados les hacen mucho hincapié en que la cumplan". "Tampoco podemos meter en prisión provisional a todo el que esté denunciado, porque la mayoría de los asuntos que llegan a los juzgados de violencia de género se refieren a hechos puntuales", admite.

Una de las medidas complementarias a las órdenes de alejamiento puesta en marcha en junio son las pulseras GPS que controlan los movimientos del agresor. Cuando se acerca a una distancia menor de la permitida, el dispositivo envía una alerta a un centro que recibe la señal y avisa a una unidad policial especializada. Actualmente existen 3.000 dispositivos disponibles y, según datos del Ministerio de Igualdad, se han puesto, siempre por orden judicial, 234 en toda España, 31 en Andalucía, por lo que el delegado del Gobierno contra la violencia de género, Miguel Lorente, instó a los jueces a extender su uso.

En este sentido, la directora general de Violencia de Género de la Consejería de Igualdad, Soledad Ruiz, también considera que "se están usando poco" y aunque reconoce la complejidad de valorar el riesgo porque "es gente que quiere hacer daño y espera el momento propicio", reclama que se estudie "caso por caso más detenidamente".

Para ello, aboga por prestar más atención al entorno, pues "se pregunta a la familia del agresor y no suele creer que vaya a ir tan lejos" y al determinar la distancia de alejamiento "no es lo mismo en una capital que en un pueblo donde aunque le prohíban estar a 300 metros es díficil que no se lo cruce". Ruiz defiende que se revise la situación cada vez que la víctima detecte la presencia del denunciado aunque no se haya acercado lo suficiente para romper la orden, e insiste en que ellas deben avisar y no confiarse.

"Además, en mi opinión, hay situaciones en las que tendrían que estar claramente en prisión, no con orden de alejamiento, sobre todo cuando hay una violencia habitual", subraya.

Ruiz alaba el "rigor" con el que trabajan jueces y fuerzas de seguridad y reconoce que "hay circunstancias muy complejas de prever", pero defiende que "instrumentos de protección hay" y muchos no se están usando suficientemente.

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