Unas 60 personas empezarán en noviembre la redacción de la ordenanza contra las barreras arquitectónicas. El objetivo es que entre en vigor a principios de 2010 y que suponga la mejora de la movilidad de unas 210.000 personas, las que tienen alguna discapacidad y las mayores de 65 años.
El Salón Colón del Ayuntamiento fue el escenario ayer del arranque de este proyecto. El alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE), y el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), presidieron la formación de los grupos de trabajo que discutirán el contenido de la ordenanza bautizada como de la Accesibilidad Universal. Es decir, la norma que tiene que acabar con situaciones discriminatorias como las que día a día se ven en Sevilla. Un botón de muestra, los cines de los centros comerciales Nervión Plaza y Zona Este, "donde las sillas reservadas para las personas discapacitadas están en la primera fila", denunció Cristina Vega, directora de la Agencia Local de la Energía y coordinadora de los grupos de trabajo.
Como ella explicó, un ejemplo de "puntos negros" son estos cines, donde se cumplen las leyes, "pero no se aplica el sentido común". Pero la lista de asuntos por resolver no se queda ahí. En El Porvenir, por ejemplo, los rebajes de las aceras no son lo suficientemente bajos y por toda la ciudad podemos encontrar papeleras o contenedores que impiden el paso con una silla de ruedas, sombrillas de bares tan bajas que son armas contra las personas ciegas o folletos informativos ilegibles para ellos.
Vega incluso apuntó que el Ayuntamiento está estudiando limitar los carriles bici con bandas externas o pequeños bordillos que sean detectables por los bastones de las personas con poca visión.
Según los planes del Consistorio, los grupos de trabajos sólo se reunirán tres veces antes de que en junio o septiembre la normativa llegue al Pleno. Su entrada en vigor, por tanto, se prevé para principios de 2010. "Será un impulso, pero no la panacea", admitió Vega tras explicar que la ordenanza aglutinará toda la normativa hoy dispersa. Eso sí, todavía no se sabe cuánto dinero costará eliminar las barreras arquitectónicas de la ciudad.
Lo que sí prometió el alcalde ante los representantes de las asociaciones implicadas es que la crisis no provocará que el proyecto se quede sin fondos: "Habrá que dejar de hacer otras cosas, pero ésta no", sentenció. Sánchez Monteseirín recalcó que se ha avanzado mucho (con el primer Plan de Barrios se instalaron 4.000 rampas, hay más VPO adaptadas, está en marcha un programa para la instalación de ascensores, la zona azul es gratuita para las personas con discapacidad, hay ya 80 kilómetros de carril bici a disposición de las personas con silla de ruedas y los autobuses de Tussam son de piso bajo), pero añadió que queda mucho por hacer. En Sevilla viven 70.000 personas con algún tipo de discapacidad y 140.000 con más de 65 años. De ellos, más de 15.500 tienen dificultades auditivas, otro tanto problemas de visión, 2.300 requieren silla de rueda, 1.700 son sordas y casi mil, ciegas.
Para mejorar sus condiciones, el Ayuntamiento sancionará a quienes no respeten las normas a la hora de proyectar, construir, adecuar y prestar servicios. La norma, pues, afectará a la construcción de edificios, la reurbanización de calles y plazas, los accesos a los transportes públicos, aparcamientos, teléfonos, semáforos, información, construcción de VPO... El modelo a seguir serán las ordenanzas de Málaga y Valencia.
