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El concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla,
Maximiliano Vílchez, presentó ayer la nueva ordenanza de ruidos que incluye medidas de actuación inmediata, como que un agente de Policía Local sancione o clausure un local
si estima que supera los umbrales marcados por la normativa, sin necesidad de contar con un sonómetro o ir acompañado de un funcionario de Medio Ambiente, o la obligación de que las actividades emisoras de ruido dispongan, además de controladores del ruido, de un centro de transmisión de datos en tiempo real que remitirá la información al Consistorio para facilitar la inspección y control a distancia.
Vílchez explicó ayer además que esta ordenanza, que se debatirá en el Pleno de hoy, pretende adecuar las características de la ciudad a las exigencias de la normativa andaluza, estatal y europeo.
Hay una razón legal para hacerla, ya que la anterior ha quedado desfasada, añadió. Así, señaló que en toda su tramitación ha tenido un importante grado de participación, no sólo de distintas áreas municipales, sino también desde la ciudadanía, con colegios profesionales y asociaciones vecinales. Vílchez recalcó que en esta ordenanza se potencia principalmente el principio de prevención, ya que antes de iniciar una actividad se tienen que cumplir una serie de requisitos para que no haya emisiones de ruido por encima de lo permitido.
También, subrayó que los movimientos vecinales lamentaban que existían normas de ruidos pero que quedaban sobre el papel, no tenían un traslado en la calle, donde seguía existiendo niveles de ruido insoportables en determinados casos y que no había posibilidad de actuación porque no se contemplaba la intervención policial como en esta norma.
Así, hay hasta 17 artículos que regulan el control policial de las actividades permitirán que los agentes municipales cuando se encuentren ante una emisión de ruido que estime que puede vulnerar la norma establecida
puede sancionar con carácter leve e, incluso, suspender y clausurar la actividad. Esto no era posible anteriormente ya que era necesario que ese policía llevara sonómetro o fuera con un funcionario de Medio Ambiente.
En documento que propone el PP recogen sanciones desde un mínimo de 300 euros a un máximo de 300.000 euros en función de la infracción. Junto a la sanción, también se contempla la revocación o suspensión de su actividad, clausura o precintado de la maquinaria emisora del ruido, entre otros.
La ordenanza recoge además la prohibición de que haya bares con música, discotecas o salas de fiestas colindantes a viviendas,
rebaja los límites de ruido, regla lo relativo a vehículos a motor y sirenas, horarios y ubicaciones de ensayos de bandas de música, la propaganda y la venta ambulante, entre otras actividades.
El concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez, presentó ayer la nueva ordenanza de ruidos que incluye medidas de actuación inmediata, como que un agente de Policía Local sancione o clausure un local si estima que supera los umbrales marcados por la normativa, sin necesidad de contar con un sonómetro o ir acompañado de un funcionario de Medio Ambiente, o la obligación de que las actividades emisoras de ruido dispongan, además de controladores del ruido, de un centro de transmisión de datos en tiempo real que remitirá la información al Consistorio para facilitar la inspección y control a distancia.
Vílchez explicó ayer además que esta ordenanza, que se debatirá en el Pleno de hoy, pretende adecuar las características de la ciudad a las exigencias de la normativa andaluza, estatal y europeo. Hay una razón legal para hacerla, ya que la anterior ha quedado desfasada, añadió. Así, señaló que en toda su tramitación ha tenido un importante grado de participación, no sólo de distintas áreas municipales, sino también desde la ciudadanía, con colegios profesionales y asociaciones vecinales. Vílchez recalcó que en esta ordenanza se potencia principalmente el principio de prevención, ya que antes de iniciar una actividad se tienen que cumplir una serie de requisitos para que no haya emisiones de ruido por encima de lo permitido.
También, subrayó que los movimientos vecinales lamentaban que existían normas de ruidos pero que quedaban sobre el papel, no tenían un traslado en la calle, donde seguía existiendo niveles de ruido insoportables en determinados casos y que no había posibilidad de actuación porque no se contemplaba la intervención policial como en esta norma.
Así, hay hasta 17 artículos que regulan el control policial de las actividades permitirán que los agentes municipales cuando se encuentren ante una emisión de ruido que estime que puede vulnerar la norma establecida puede sancionar con carácter leve e, incluso, suspender y clausurar la actividad. Esto no era posible anteriormente ya que era necesario que ese policía llevara sonómetro o fuera con un funcionario de Medio Ambiente.
En documento que propone el PP recogen sanciones desde un mínimo de 300 euros a un máximo de 300.000 euros en función de la infracción. Junto a la sanción, también se contempla la revocación o suspensión de su actividad, clausura o precintado de la maquinaria emisora del ruido, entre otros.
La ordenanza recoge además la prohibición de que haya bares con música, discotecas o salas de fiestas colindantes a viviendas, rebaja los límites de ruido, regla lo relativo a vehículos a motor y sirenas, horarios y ubicaciones de ensayos de bandas de música, la propaganda y la venta ambulante, entre otras actividades.
