Según la normativa de la Junta de Andalucía, los discapacitados titulares de una tarjeta de aparcamiento tienen las mismas condiciones de circulación y estacionamiento que los residentes. La ordenanza de peatones de 2008 que aún está vigente en Sevilla reconoce este derecho. Pero tras la modificación de la ordenanza, en fase de aprobación inicial, no hay ninguna mención a estas personas. Tampoco a otros vehículos, como Bomberos, Policía, Lipasam, Correos e incluso coches nupciales y funerarios.
El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Juan Ignacio Zoido, hizo pública ayer esta situación y anunció que su partido va a presentar alegaciones contra la ordenanza. "Que el Gobierno se olvide de las personas con movilidad reducida no tiene perdón alguno", declaró. "Si la prohibición de acceso es injusta para todos, para este colectivo es todavía más injusto que no se reconozcan los derechos que le amparan", afirmó Zoido.
El popular mantuvo una reunión con el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad, Juan García, que mostró su sorpresa ante la ausencia de referencias al colectivo que representa en la nueva ordenanza. "No entendemos por qué un espacio tan grande se restringe al tráfico cuando no existen recursos para que todos los ciudadanos podamos visitar esta zona de la ciudad", declaró, criticando que no todos los aparcamientos subterráneos ni los autobuses urbanos están adaptados a las necesidades de los discapacitados.
García ilustró la situación que viven muchas de estas personas relatando la experiencia que él mismo había vivido la mañana de ayer para llegar al Ayuntamiento: las dos plazas de aparcamiento para discapacitados de los alrededores estaban ocupadas y su silla de ruedas no cabe en los ascensores del párking más cercano, el de la calle Albareda.
El delegado de Movilidad, Francisco Fernández, en declaraciones a Europa Press, respondió a Zoido calificando su crítica como "de mala fe". Fernández señaló que el acceso al Centro de las personas con movilidad reducida se regulará por decreto y se justificó diciendo: "No se van a poner todas las excepciones en una ordenanza". Además, garantizó que "todas las personas que tengan tarjeta de movilidad reducida, no sólo no tendrá limitación de acceso al Centro, sino que tampoco de estacionamiento en superficie, porque es una medida dirigida a las personas y especialmente a las que más dificultades de movilidad tienen".
La Federación Provincial de Asociaciones de discapacitados calcula que en toda la provincia de Sevilla hay 2.000 personas que disponen de una tarjeta de movilidad reducida que se benefician de las excepciones en la circulación. De ellas, aproximadamente la mitad residen en la capital.
El asunto ha supuesto un nuevo punto de enfrentamiento entre Gobierno y oposición. Si primero Zoido declaraba que "el Gobierno va para atrás y reconoce cada vez menos derechos", el delegado de Movilidad le respondió: "Si enmienda el actual proyecto, está aceptando explícitamente la ordenación".