L.Blanco / I. Carretero
Sólo con 24 horas de diferencia, la Guardia Civil desarrolló esta semana dos operaciones contra la corrupción urbanística, una en cada punta de Andalucía: en Aljaraque (Huelva) y en la almeriense comarca del Almanzora. Detrás, late una supuesta gestión irregular del urbanismo. Una veintena de alcaldes están imputados por ello.
Marbella fue el emblema, el peor ejemplo de qué pueden hacer los cargos municipales para conseguir beneficios a través del urbanismo. Las dimensiones de ese escándalo son difíciles de repetir, pero los delitos que, supuestamente, se cometieron allí se dan en otros ayuntamientos. Cohecho (aceptar o solicitar un soborno), prevaricación (dictar una resolución a sabiendas de que es injusta) o delitos contra la ordenación del territorio son conceptos que aparecen a diario en los periódicos ligados a la gestión municipal. Están vinculados con la competencia de las corporaciones locales para dar licencias urbanísticas.
Según los datos recopilados por este periódico, ningún partido se libra de tener en alguno de sus ayuntamientos a un munícipe tocado por la justicia. Dejando a un lado los concejales y mirando sólo las causas urbanísticas, hay una veintena de alcaldes que ejercen su labor con cargos pendientes (nueve del PSOE, cuatro del PP, dos del PA, uno de IU y otro de Convergencia Andaluza) y un buen puñado de ex regidores -algunos apeados del poder en las elecciones de mayo de 2007- que arrastran causas pendientes por su gestión urbanística.
Pero no todos los casos pueden meterse en el mismo saco. Hay alcaldes como Juan Carlos Benavides, de Almuñécar, o Juan Carlos Juárez (PP), de La Línea, con imputaciones cuyas diligencias están avanzadas. A Juárez le pusieron importantes medidas cautelares por el Caso Rosewold (por la venta irregular de cuatro parcelas) y el juez se negó a sobreseer su caso. Sobre Benavides pesan cuatro imputaciones y un histórico frente abierto con la Junta, que tiene bien engrasada su maquinaria de impugnaciones de obras en la Costa Tropical. Con una envergadura similar saltó la noticia de Alhaurín el Grande (Málaga) en enero de 2007: su alcalde, Juan Martín Serón (PP), fue detenido por el supuesto cobro de comisiones por conceder licencias. Un promotor grabó el supuesto intento de soborno. Cuatro meses después, en mayo, fue reelegido para gobernar el municipio.
La mayoría de los casos, sin embargo, se dan en pueblos pequeños donde el control es menor y también la capacidad de obtener beneficios ilícitos. Entre éstos están alcaldes a quienes la fiscalía abrió diligencias por no evitar edificaciones en terrenos protegidos. Es el caso de Torredelcampo o Jamilena, en Jaén y del PSOE.
Y ya fuera del poder, hay ex cargos municipales imputados por lo que hicieron en su día. Ahí se encuentran casos como los de Aljaraque -el ex alcalde y el ex edil de Urbanismo, ambos del PP, fueron detenidos esta semana-, Ogíjares y Gójar en Granada (ambos del PP), un ex regidor del PSOE de Marmolejo (Jaén) o el controvertido caso de Camas: el ex alcalde Agustín Pavón ejerce como asesor de su sustituto y su fuerza política, IU, le exhibe en sus actos.
