En los 90 el Levante español recibía el sobrenombre de la ruta del bacalao. Eran tiempos de diversión sin límite y también de trapicheos de la droga. Hoy el Levante se llama Pretoria, Gürtel o Brugal.
El último caso de corrupción urbanística destapado en Murcia esta semana deja una señal bien clara: el oriente español es el lugar preferido por las administraciones y políticos presuntamente corruptos para desarrollar sus tejemanejes. ¿Por qué? Aunque no hay estadísticas ni datos ciertos que predispongan la zona al tráfico de sobres y maletines, todo hace indicar que el buen clima y la costa forman un tándem idóneo para los negocios del ladrillo bajo cuerda. Esto son algunos de los casos ocurridos en la zona y que mayor cobertura mediática han recibido:
Pretoria. La investigación saltó a raíz de un registro en el despacho de abogados Pretus de Barcelona en 2005 y en el marco de una investigación por blanqueo de capitales. Están imputados Bartomeu Muñoz (ex alcalde de Santa Coloma y suspendido de militancia en el PSC; Luis Prenafeta (ex asesor de Jordi Pujol), Macià Alavedra (ex consejero de Jordi Pujol) y Luis García, el jefe. El sumario refleja, entre otras actuaciones, que Alavedra y Lluís Prenafeta intentaron que dos consejeros de la Generalitat actual, ambos del PSC, Antoni Castells, de Economía, y Joaquín Nadal, de Política Territorial, dieran un empujón a sus negocios.
Fabra. En 2003, un empresario denunció al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), por cobrarle importantes cantidades de dinero por una mediación para favorecer a su empresa. Fabra fue investigado por cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Esta investigación fue el origen de la apertura de distintas diligencias. En 2009, la Fiscalía solicitó dos años de prisión por falsificación y delito fiscal. El pasado mes de mayo, el Banco de España detectó 3,7 millones de euros sin justificar ni por Fabra ni por sus familiares. Actualmente se está celebrando el juicio y no hay sentencia alguna.
Gürtel. La trama valenciana de la red Gürtel salpica directamente al presidente valenciano, Francisco Camps, quien presuntamente recibió regalos y dádivas por parte de los responsables de la empresa Orange Market (dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes) a cambio de contratos públicos para organizar eventos del PP valenciano y la Generalitat. Actualmente, la investigación sigue abierta en el TSJ tanto de Valencia como de Madrid.
Brugal. En el caso Brugal se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de los servicios de recogida de basuras en varias localidades gobernadas por el PP en Alicante. La investigación comenzó en 2006, realizándose seis detenciones en mayo de 2007, tres de las cuales terminaron en condenas de cárcel. Este mes de julio se retomó y se detuvo a José Joaquín Ripoll, presidente del Partido Popular de Alicante y titular de la Diputación. Ripoll quedó en libertad con cargos tras declarar en la comisaría de Alicante. Los agentes arrestaron a otras 10 personas, entre ellas tres concejales del PP.
Umbra. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper, entre otros, están implicados en un presunto caso de corrupción urbanística que ha salido a la luz pública esta mis-ma semana. La investigación se centra en el dinero que cobró el Ayuntamiento como compensación por recalificar los terrenos de la zona cercana al estadio.
Poniente. El alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), fue detenido en octubre de 2009, junto a 19 personas más, en el marco de una operación dirigida por la Fiscalía Anticorrupción desde Madrid. Están imputados por delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil. Aparentemente, una sociedad matriz desviaba dinero de las arcas municipales a una docena de subcontratas privadas.
