Desde que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció en las vacaciones de Navidad, dentro de un paquete amplísimo de medidas de recorte del gasto, que se congelaba la oferta de empleo público, las universidades se preguntan si podrán contratar a más profesores o no. Para reducir la "incertidumbre y la inseguridad jurídica" que, según las universidades, genera la aplicación del Real Decreto, la Pablo de Olavide (como otras muchas instituciones académicas) encargó un informe a expertos en Derecho.
Y el resultado fue hecho público y aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. El estudio determina que la Olavide podrá contratar a profesores de manera temporal para garantizar las clases a alumnos de hasta cinco grados que están en proceso de implantación, entre ellos Criminología y Análisis Económico. "No se puede dejar a los estudiantes sin clase", subrayó el vicerrector de Relaciones Institucionales, Carlos Alarcón. Los expertos entienden que el Real Decreto permite la contratación de personal temporal para "categorías profesionales que se consideren prioritarias o que afecten al funcionamiento de los servicios básicos esenciales". Y darles clase a los alumnos de Criminología que el año que vienen cursarán segundo curso es uno de esos servicios esenciales, puso como ejemplo Alarcón.
Una vez despejada la duda mayor, la Olavide tendrá que ponerse a hacer cuentas, pero grosso modo serán en torno a 40 los docentes que se tendrán que contratar por un año con carácter renovable. Lo que sí tiene que ser "respetado" por la Universidad, según los expertos que han elaborado el informe (Santiago González Ortega, Fernando Elorza -asesor de la Consejería de Innovación- y Paco Oliva, secretario general de la Olavide), es la "prohibición general de incorporar a nuevo personal permanente tanto en administración como en profesorado", con la excepción de los procesos selectivos que se deriven de concursos aprobados en 2011.
La cuadratura del círculo. La Olavide tiene que cumplir con otro precedente: no aumentar la partida destinada a pago de nóminas. Es decir, no podrá incrementar los gastos en personal pero contratará a más personal. ¿Cómo se logra cuadrar el círculo? "Hay jubilaciones, rescisiones de contrato, profesores que se marchan a otras universidades y defunciones", señaló Alarcón.