Esta reforma de la Política Agraria Común (PAC) cuyo debate comienza ahora y se prolongará durante 2011 en el seno de la Unión Europea se librará en dos frentes. El primero, el de Bruselas, donde los Estados fijarán el presupuesto de las ayudas a partir de 2013, cuando acaba el actual marco financiero comunitario. El segundo, el de Madrid, habida cuenta de que las comunidades autónomas se pelearán al distribuir el dinero que corresponderá al campo español.
A diferencia de otras reformas, la Comisión Europea, encargada de hacer la propuesta de cambios en la PAC, está dispuesta a otorgar más discrecionalidad a los Estados al repartir las subvenciones, siempre y cuando apliquen el criterio de que exista una renta mínima para todos los agricultores y ganaderos, a la que se añadirían complementos.
En principio, esta idea es loable, dado que garantizaría cierta igualdad para los productores en el seno del Estado, pero acarrearía que, al realizar los cálculos de esa renta básica, no se respetaran las fichas financieras (importes) ni de los cultivos ni, por supuesto, de las regiones.
¿Esto que implica? Si tenemos en cuenta que la comunidad andaluza es la mayor perceptora de ayudas agrarias del país, ese planteamiento llevaría aparejado un trasvase de fondos hacia otras regiones. La explicación es muy sencilla, y valga este ejemplo: la rica agricultura del Valle del Guadalquivir nada tiene que ver con las extensiones cerealistas de Castilla y León, siendo una autonomía que, por cierto, acogería con agrado esos cambios que aún se están cocinando en Bruselas.
De hecho, ese trasvase de fondos es el mayor temor de la Junta de Andalucía, máxime tras la filtración de un informe interno del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino durante la Presidencia española de la Unión Europea que abogaba claramente por semejante renta básica. Los entonces responsables de este departamento, hoy comandado por la ministra andaluza Rosa Aguilar, entonces por la gallega Elena Espinosa, negaron el carácter oficial del documento, aunque fuera concebido en Atocha.
El Ministerio no se pronuncia sobre este posible frente regional, en el que tendrá que conjugar intereses de todas las comunidades, aunque desde la andaluza la principal demanda es clarísima: que se respete la ficha financiera que corresponde a Andalucía.
Pero antes, la batalla europea habrá de especificar la cuantía de recursos que tendrá la PAC -esta política, la única íntegramente comunitaria, absorbe el 45% de todo el presupuesto de la UE- y en un entorno marcado por la crisis económica y la reciente ampliación a 27 países.
Desde la Consejería andaluza de Agricultura se reclama un presupuesto "suficiente", ni menos ni más, expresión que también pronuncian en el Ministerio. Pero, al margen de los euros, también se exige -y, esta vez, con fuerza- mecanismos europeos de regulación de los mercados, es decir, que permitan evitar vaivenes en el mercado de origen (o agrario).
La quinta parte de la renta del agricultor andaluz depende de las ayudas europeas, mientras que las cuatro quintas partes vienen del precio que obtenga al vender sus cosechas y animales. Y es una denuncia constante por parte de las organizaciones del campo, y de la propia Consejería, las bruscas bajadas de cotizaciones y que no sirven los mecanismos de regulación actuales. Así se revela, por ejemplo, en el aceite de oliva, cuyo sector lleva meses reclamando el almacenamiento privado -es decir, retirar aceite a cambio de ayudas- y Bruselas se opone.
La Comisión Europea, aunque reconoce el problema de los precios en su propuesta, es muy reacia a tal regulación, y ello pese a los evidentes fracasos de algunas de sus políticas que, muy lejos de estabilizar a los sectores, los están sometiendo a burbujas.
Por lo demás, la reforma de la PAC restará ayudas directas a los agricultores y ganaderos para financiar programas de desarrollo rural, una tendencia creciente.
