Economía

La PAC traerá pelea regional por las ayudas y recortes a los terratenientes

La reforma consagra un pago igualitario a todos los agricultores pero España podrá fijar distinciones

el 01 oct 2011 / 20:32 h.

El olivar es el cultivo que más subvenciones recibe en Andalucía.

12 de octubre. Bruselas presentará las propuestas legislativas para la reforma de la PAC (Política Agraria Común, donde se arbitran las ayudas al campo), que entrará en vigor el 1 de enero de 2014. A partir de su documento, comenzará la verdadera negociación entre los países miembros de la Unión Europea (UE), pero ya el último vaticina una pelea entre las distintas comunidades españolas dado que algunas, como Andalucía, aspiran a conservar su actual ficha financiera (el importe total del dinero que procede de las arcas comunitarias) frente a otras, menos agrícolas, que batallarán para que se establezca el llamado pago básico o tasa plana, es decir, que los agricultores, sean de donde sean, cobren una determinada cuantía por igual.

El borrador faculta, aunque no obliga, a los Estados socios a dar esa subvención común -que cabe después complementar con ayudas adicionales, por ejemplo a los jóvenes que se adentren en la actividad agraria y por prácticas beneficiosas con el medio ambiente- o regionalizarla, es decir, que la distribución nacional no se altere. En caso de arbitrarse esta última decisión, lo que evitaría un trasvase de fondos desde unas comunidades a otras -y Andalucía, por ser la que más cobra, también sería la más perjudicada-, habría que justificarlo "de acuerdo con criterios objetivos y no discriminatorios, tales como sus características agronómicas y económicas y el potencial agrícola regional o su estructura institucional o administrativa".

Lo cierto y verdad es que esta frase del documento invita a que no haya cambios en España en lo que al reparto autonómico se refiere, pero no es menos cierto que abre el melón a que las regiones con menos fichas financieras reclamen que los pagos bases sean del mismo importe en Cantabria, Cataluña, Baleares Madrid o Andalucía, por citar sólo cinco autonomías con muy distintos modelos de agricultura y peso de ésta en sus economías.

Si salen adelante las propuestas de la Comisión Europea, algo que no ocurrirá hasta mediados de 2013 -la negociación es tradicionalmente larga-, será la Conferencia Sectorial de Agricultura, donde se sientan comunidades y Gobierno, la que decidirá si se regionaliza o no el sistema de ayudas. Por algo en el Parlamento andaluz los partidos políticos se han puesto de acuerdo para la defensa del campo regional frente a la reforma de la PAC. La batalla estará sobre la mesa. No en vano, un informe elaborado por la Consejería de Clara Aguilera hablaba de pérdidas de hasta 500 millones de euros anuales si se aprueba la tasa plana.

De hecho, grandes son las diferencias entre los importes que perciben los agricultores según su comunidad de residencia. Así, en el pago único -tramo de la ayuda que el productor cobra como derecho histórico con independencia de su cosecha e incluso sin cultivar siquiera-, la horquilla en España va desde los 8.614,38 del castellano-leonés a los 1.033,6 del valenciano, siendo el promedio estatal de 4.797,85. El andaluz, por su parte, cobra 5.347,43 euros, la cuarta mayor cuantía, en una región que posee la ficha financiera de más envergadura.

"Los criterios de diferenciación son, pues, una opción del Estado socio, y no una obligación. Desde Andalucía se debería pelear más para no perder fondos europeos", se quejan desde la patronal agraria Asaja.

Del borrador, por otro lado, se desprende que, por enésima vez, la PAC se pone patas arriba en lo que a sus trámites (burocracia) se refiere. Así, al generalizarse el llamado pago base, desaparece el actual pago único, que no está exento de polémica por cuanto prima a los agricultores no por el hecho de producir, porque no lo tienen que hacer siquiera, sino por su derecho histórico a cobrar la ayuda. Hasta ahora, ésta se calculaba en función del volumen de cosechas o número de cabezas de ganado de tiempos pasados, pero con los cambios abierta queda la puerta a importes unitarios de idéntica cuantía base -no la total, puesto que ésta cabe complementarla-.

En este sentido, Bruselas, por vez primera, nos define el término agricultor activo, el único que podrá cobrar ayudas y que trata de espantar, aunque de manera muy laxa, a los advenedizos de la agricultura y a las sociedades empresariales de muy diversa índole que también acuden al cofre comunitario. Así, no será considerado como tal aquél cuya retribución agrícola no supere el 5% del conjunto de sus ingresos que procedan de todas las actividades económicas. Se excluyen a quienes no rebasan los 5.000 euros al año en subvenciones.

Con idéntico motivo, endurece los actuales recortes de las ayudas para los mayores perceptores (terratenientes). Así, se fija un importe máximo de 300.000 euros, y aplica una tijera progresiva que será del 20% entre los 150.000 y 200.000 euros, del 40% entre los 200.000 y 250.000 y, por último, del 70% entre 250.000 y 300.000 euros. Eso sí, se tendrán en cuenta los salarios abonados en las fincas, es decir, el empleo generado, a la hora de ejecutar las rebajas. Y aquí, una cuestión importante. ¿Qué ocurrirá con las sociedades que se embolsan actualmente millones de euros?

Podríamos asistir a divisiones de esas sociedades en entidades menores que no superaran la barrera de los 300.000 euros. Y para esquivar semejante trampa, la Comisión Europea precisa que "los Estados se asegurarán de no realizar pagos a los agricultores que, a partir de la fecha de publicación de la propuesta de regulación (la del borrador), se pueda comprobar que han provocado de forma artificial condiciones para evitar la aplicación de estos límites". Los recortes, por lo demás, irán destinados a políticas de desarrollo rural.

Un presupuesto con reducciones

Bruselas habla ya de cifras para el presupuesto agrícola en el periodo 2014-2020. El campo absorberá 435.600 millones de euros, de los que 317.200 corresponden al primer pilar de la PAC (ayudas directas) y 101.200 al segundo (desarrollo rural). La patronal agraria Asaja de Andalucía considera que, a pesar de que la Comisión Europea habla de congelación, existe un claro "recorte" del dinero, del 11% para el periodo.

3.900 millones para crisis agrícolas

Las cantidades citadas se complementan con otras destinadas a investigación y desarrollo (5.100 millones de euros), seguridad alimentaria (2.500 millones), distribución de alimentos a las personas más necesitadas (2.800 millones), la constitución de una reserva para crisis agrícolas y que tiene su origen en la reciente crisis del pepino (3.900 millones) y un nuevo fondo europeo de adaptación de la globalización (2.800 millones).

Pequeños y jóvenes agricultores

Ante el envejecimiento de la población agraria, la Comisión Europea establece ayudas específicas para los jóvenes que se adentren en el negocio y protege también por vez primera a los pequeños agricultores.

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