Almuñécar vota mañana sobre su futuro urbanístico. 18.746 vecinos están llamados a participar en un polémico referéndum auspiciado por su controvertido alcalde, Juan Carlos Benavides. La mayoría de partidos lo rechaza porque ven la consulta "inútil" y la campaña, un "despilfarro".
El 28-F conmemora el día en el que millones de andaluces decidieron su autonomía. A partir de mañana, esta fecha tendrá también otro significado para los 18.746 vecinos de Almuñécar (Granada) que están llamados a las urnas para participar en un polémico referéndum, el que decidirá el apoyo ciudadano al plan urbanístico que ha diseñado el ayuntamiento.
'Es por ti. Es por todos. Éste sí es tu referéndum'. El lema que ha creado el alcalde, Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza (CA), para animar a la gente a votar cuelga de los balcones del municipio y preside muchas de las calles del centro. Como si de unas elecciones se tratara, los partidos han puesto toda la carne en el asador para defender su posición, que dista mucho entre sí, en una campaña que arrancó el 16 de febrero y se cerró ayer. El pueblo está dividido, al igual que los políticos. El frente que apoya la celebración del referéndum lo forman CA y el Partido Popular. El primero cuenta con diez concejales y el segundo, con cinco. Entre los dos tienen mayoría y sobre sus espaldas recae la elaboración del nuevo PGOU.
Ambos creen que los vecinos deben pronunciarse sobre un tema "crucial" como es el futuro modelo de ciudad, que el referéndum es el ejercicio "máximo de democracia" y que a la gente "le gusta que le pidan su opinión". Si gana el no, Benavides se ha comprometido a elaborar otro planeamiento. En contra de la consulta, por considerarla inútil al no ser vinculante, y del plan general se sitúan PSOE, IU y PA, que juntos suman seis ediles. "Es un engañabobos. Para lo único que va a servir es para el propio ego del alcalde", asegura el portavoz socialista en el ayuntamiento, Francisco Prados.
PGOU "inexistente". Los socialistas argumentan que Almuñécar, donde se han hecho auténticas tropelías urbanísticas, tiene su PGOU aprobado provisionalmente, pero el referéndum pregunta por el PGOU aprobado inicialmente, que es diferente porque planteaba propuestas que finalmente se quitaron, como levantar un campo de golf cerca de los cultivos de la Vega o construir 30.000 viviendas, de las que 10.000 ya se han caído. El alcalde achaca este desfase entre ambos textos al tiempo que ha pasado desde que decidió impulsar el referéndum hasta que se lo han permitido. Surgió en 2006, pero la Junta se opuso porque dijo que el Ayuntamiento no tenía competencia para convocar la consulta. El Gobierno se lo denegó, pero Benavides recurrió y el Supremo le dio la razón.
Los detractores del referéndum añaden otro motivo de queja: el coste de la campaña, que cifran en unos 150.000 euros y que paga el consistorio. El PSOE sostiene que es un "despilfarro" en tiempos de crisis; el alcalde, que este dinero es "poco" para la "trascendencia" del asunto.
