La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional paralizó ayer de forma cautelar las exhumaciones de los restos de desaparecidos en la Guerra Civil y en el régimen franquista al atender el recurso presentado por la Fiscalía para que el juez Baltasar Garzón no practique más diligencias ligadas a este proceso hasta que se resuelva si es competente o no para investigar los crímenes cometidos. La decisión se toma con carácter urgente para impedir la apertura de diecinueve fosas comunes, una actuación autorizada por Garzón el 16 de octubre y que fue ampliada a otros seis lugares más este jueves. No ha sido una decisión unánime. De los quince magistrados de la sala, cinco han mostrado su discrepancia y han anunciado que emitirán un voto particular contrario. Es interesante remarcar este último dato pues entra en la raíz del movimiento sísmico, también en el ámbito jurídico, que ha provocado la decisión del juez. El auto en el que se consideró competente para la investigación de los crímenes franquistas contó desde un principio con la oposición de la Fiscalía de la Audiencia, que anunció un recurso contra la decisión. Garzón utilizó la treta de convertir la investigación en un sumario para que este recurso se presentara antes a él que a la sala de apelación, y así ganar tiempo para iniciar cuanto antes las exhumaciones. Pues bien, su empecinamiento (¿era necesario autorizarlas de forma tan urgente?) se le ha vuelto en contra. La Sala de lo Penal ha aceptado los argumentos del fiscal y ha anulado las diligencias abiertas por el magistrado. Las prisas han terminado por torcer un proceso muy delicado ante la mirada indignada y perpleja de los familiares de las víctimas. Garzón quiso acelerar unas exhumaciones que ya vienen contempladas en la Ley de Memoria Histórica y ha generado un embrollo judicial sobre una materia que, en cualquier caso, siempre debe estar alejada de actitudes revanchistas y justicieras que, al final sólo generan más sufrimiento.
