Javier González de Lara, presidente de la CEA, atiende ayer a los medios en Córdoba. / El Correo
El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, advirtió este viernes de que «se puede perder una oportunidad» en la tramitación parlamentaria de la reforma fiscal del Gobierno si no se modifican ciertos criterios. «No se trata tanto de hacer cambios coyunturales o parciales de determinadas figuras tributarias, como de hacer una reforma en profundidad de todo el sistema fiscal español».
González de Lara, que inauguró la I Convención Empresarial de la provincia de Córdoba, remarcó que «no tiene sentido que haya uno más 17 regímenes fiscales, ni que no se homologuen los impuestos de las comunidades autónomas, ni que el 50 por ciento del IRPF esté transferido a las regiones y cada una regula y establece un tipo impositivo, ni que el impuesto de patrimonio tenga un tratamiento diferencial en cada comunidad».
Al respecto, defendió que «lo mejor es que exista coordinación», porque «hay un sistema fiscal absolutamente asimétrico, injusto y muy descoordinado», y ante ello la reforma fiscal supone «una buena oportunidad», que «va en la buena dirección» para modificar y activar el desarrollo económico, pero hace falta «dar un paso más valiente» en el sentido de coordinar adecuadamente las estrategias fiscales con las comunidades.
Así, subrayó que tiene que «entrar en cuestiones que homologuen la fiscalidad de todo el territorio nacional y también que en el contexto europeo nos haga ser más competitivos», con el fin de «atraer la inversión». Por ello, dijo, «no se trata de pagar menos, sino de tener criterios más homogéneos y sensatos a la hora de tributar».
Asimismo, confió en que «no sea una simple rebaja de impuestos parcial o coyuntural», sino que «asuma en profundidad la transformación que se necesita y requieren los empresarios, incluida la rebaja de las cotizaciones sociales, que en tantas ocasiones han anunciado que se iba a hacer y aún no se ha acometido», afeó.
El presidente de la CEA argumentó que la reforma «genera reflexiones encontradas», de manera que aunque valora que va en la dirección correcta de fomentar el consumo, también hay «otras cuestiones que se olvidan».
Así, detalló que «no se toca para nada la reducción de cotizaciones sociales, un impuesto sobre el empleo», que si se redujeran porque están sobre el 40 por ciento de la masa bruta salarial, agregó, «se reduciría sustancialmente la carga fiscal de las empresas y se incentivaría mucho el empleo».
Igualmente, alude a «cuestiones controvertidas», como que «tengan que tributar las indemnizaciones por despido improcedente», algo que, a su juicio, «genera enormes dudas y puede ser un motivo de preocupación empresarial de cara al futuro al encarecimiento inducido del propio despido». En este punto, defendió que las empresas «no quieren realizar más despidos», porque «a estas alturas de la crisis y el punto de inflexión en el que nos encontramos, prácticamente todas ya han hecho sus ajustes», y esto puede ser «una situación que agrave coyunturas personales» al tener que tributar por indemnizaciones «merecidas y pactadas con las empresas», subrayó.
Respecto a Andalucía, González de Lara cree que la Junta está «a la expectativa de las líneas generales» que marque el Gobierno central y entiende que «en los tributos que estén transferidos haya unas líneas generales para todos, no solo para Andalucía». Puso así el ejemplo del impuesto de sucesiones y donaciones, «que en Andalucía es del 100 por ciento y en otras comunidades como Madrid o Navarra tienen bonificaciones del 99 por ciento».
«Las empresas van donde hay menos penalización fiscal», dijo al tiempo que mantuvo que «Andalucía tiene una estructura empresarial importante, con medio millón de pymes, pero se necesitan crear más empresas y atraer no solo la inversión, sino compañías que quieran instalarse».
Igualmente, aludió a «la dificultad que existe en el litoral andaluz con la pésima regulación que hay para los inversores de turismo residencial», con «extranjeros que tienen que declarar todos su bienes, cuando por ejemplo en Portugal o Malta no tienen por qué hacerlo». Un motivo que considera que «resta competitividad» a la región con otros territorios.
Aunque «se han producido ya algunos elementos macroeconómicos que conducen a pensar que empezamos a salir de una situación de crisis muy larga», precisó que persisten «preocupaciones» como la «apertura cierta y verdadera de las restricciones crediticias».
